Contraloría le pone la lupa al modelo “Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria”
El modelo, creado en el 2020 con el fin de fortalecer y financiar los programas de asistencia técnica agropecuaria, aún no ha sido reglamentado y solo ha comprometido el 5,6% de los recursos presupuestados con corte a agosto de 2023.
Contraloría General | Foto: Colprensa / LUIS JAIME ACOSTA
La Contraloría General de la República, haciendo seguimiento al modelo ‘extensión agropecuaria’, creado bajo la Ley 1876 de 2017, identificó que pese a ser establecido el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, con corte a agosto de 2023, solo se han comprometido el 5,6% de los recursos presupuestales designados en esa vigencia al proyecto de Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuario.
El ente de control advierte que esta situación genera un riesgo de pérdida de recursos y “el aplazamiento de la atención de necesidades que presentan los Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)”.
Y es que, entre enero de 2019 a julio de 2023, encontró que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) había ejecutado $108.201 millones corrientes de este proyecto para el fortalecimiento del ‘Servicio de Extensión Agropecuaria’.
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¿En qué va la implementación?
La Contraloría, por medio de la Dirección de Estudios Sectoriales para temas agropecuarios, logró establecer que la reglamentación e implementación del ‘Servicio de Extensión Agropecuario’ y del ‘Fondo Nacional de Extensión’ no ha sido oportuna. Esto cuando pese a que la “ley 1876 de 2017 le puso término de seis meses para su desarrollo regulatorio”, pasaron al menos cinco años para tener una reglamentación, impactando en la presentación de proyectos de extensión agropecuaria a los municipios por parte de los usuarios o productores.
En el caso del ‘Fondo Nacional de Extensión’, que fue creado en 2020, aún no ha sido reglamentado y tampoco ha entrado en operación, impidiendo que entes territoriales puedan financiar los programas de asistencia técnica.
El estudio del organismo de control también advierte deficiencias en la coordinación entre las diferentes entidades: Nación, departamentos, distritos y municipios.
Tanto gobernaciones, municipios y entidades del Gobierno central no tendrían mecanismos para la coordinación de acciones en materia de extensión agropecuaria, advirtió la Contraloría luego de algunos requerimientos que, a su vez, dejaron ver que “el uso de los recursos públicos en estos programas no tenga impacto para mejorar las condiciones de vida de la población agropecuaria más vulnerable”.
En el caso de productores agropecuarios con Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) menores a 10 hectáreas, estos estarían especialmente concentrados en municipios de categorías 5 y 6, siendo entonces los que tienen menores ingresos corrientes de libre destinación para financiar la operación y la inversión directa para proyectos de extensión agropecuaria y lo que esto implica en materia de contratación, señaló el órgano de control que, en ese sentido, expresó su preocupación porque “la extensión agropecuaria está llegando a destiempo, en forma inoportuna”.
Brechas entre municipios
Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, la tarifa para la prestación del ‘Servicio de Extensión Agropecuaria’ para 2023 era de $868.957,44 por usuario atendido en territorio. La meta de atención fijada era de 154.350 usuarios, para lo que eran necesarios recursos por más de $134.123 millones.
La Contraloría frente a esa proyección encontró que, a la fecha de concluido su estudio, aún no estaba definido un esquema de cofinanciación que permitiera identificar cuál sería el aporte de la Nación y de las entidades territoriales, al igual que el subsidio diferencial a otorgar.
