Asamblea de Ecuador suspende juicios políticos a fiscal general, quien anunció embarazo
En un video publicado en redes sociales el jueves, Diana Salazar comunicó que pidió a la Asamblea que se garantice y respete su derecho a tener “un embarazo en paz”.
Imagen de referencia de embarazo. Foto: Getty Images / Cavan Images
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este viernes 17 de mayo la suspensión del proceso de juicio político de censura solicitado por Revolución Ciudadana, el grupo político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), contra la fiscal general, Diana Salazar, después de que esta así lo pidiese tras anunciar que se encuentra embarazada.
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea resolvió congelar estos dos procesos con cinco votos a favor y dos abstenciones, de los dos representantes de Revolución Ciudadana.
La determinación se tomó en atención al criterio jurídico emitido por Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado (abogado general del Estado), y en virtud de haberse demostrado que Salazar atraviesa por un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo; la medida se extiende hasta que se supere dicha condición y con la finalidad de precautelar la vida de la madre gestante y de la vida por nacer.
En un video publicado en redes sociales el jueves, Salazar comunicó que pidió a la Asamblea que se garantice y respete su derecho a tener “un embarazo en paz”, y que este llegue a término sin más estrés que el de sus responsabilidad diarias como fiscal general.
“Si bien (el juicio político) es una atribución de la Asamblea Nacional, a cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que ninguna mujer en estado de gestación enfrente un juicio político, con el estrés que este implica”, comentó Salazar.
En ese sentido, Salazar abogó por: “Sentar un precedente, porque cada vez son más mujeres que rompemos techos de cristal, y así, las siguientes generaciones de mujeres en cargos de decisión ya tendrán legislación para estos casos”.
Esta semana, Revolución Ciudadana presentó en la Asamblea Nacional una nueva solicitud de juicio político contra Salazar por presunto incumplimiento de funciones, que se suma a una primera ya presentada a finales de 2023.
El anuncio del nuevo pedido de juicio político se dio pocas horas después de que la fiscal Salazar abandonase una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde su presidenta, la correísta Pamela Aguirre, quiso que interviniese en esa misma sesión por videoconferencia el exparlamentario correísta Ronny Aleaga.
Sobre Aleaga, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, pesa una orden de prisión preventiva al estar vinculado por la Fiscalía en un entramado de corrupción y supuestos nexos de políticos con bandas criminales, mientras que él asegura tener chats que incriminan posiblemente a la fiscal.
Con Salazar al frente desde 2019, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso ‘Sobornos’, donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.
El exmandatario, que critica recurrentemente a la fiscal general, rechazó desde un inicio los cargos y acusaciones en su contra, y se declaró un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (instrumentalización de la Justicia contra enemigos políticos), por lo que desde 2017 reside en Bélgica, donde tiene el estatus de refugiado.