Los contrataderos: así se roban a Colombia

Sigue La W reveló los nombres de las empresas de economía mixta más conocidos como los “contrataderos” que durante años han servido como figura para evadir la ley de contratación pública y entregar a dedo miles de millones de pesos a lo largo y ancho del país. Detrás de estas empresas están políticos que a la final son quienes se han beneficiado de estas contrataciones.

Estos son los principales contrataderos del país

• Empresa de desarrollo Urbano de Medellín - EDU: 67 convenios.
• Asociación de Municipios de Urabá Antioqueño - ASOMURA: 128 contratos.
• Empresa de Desarrollo Sostenible – Edeso: más de 108 contratos.
• Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - Adeli: 28 contratos.
• El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecun: 64 contratos.
• Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó: 34 contratos.
• Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de Envigado: 40 contratos.
• Edunorte Desarrollo Urbano Rural de Bello, Antioquia: 9 contratos.
• Empresa de Desarrollo de La Ceja: 81 contratos.
• Empresa Autónoma de Guatapé: 102 contratos.

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A propósito de esto, Sigue La W conversó con Ernesto Matallana, experto en contratación estatal, para conocer más detalles sobre cómo funcionan estas empresas.

“Todo empieza en el momento en que se expide la Ley 1150 de 2007, en ese momento se volvió a revisar el régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado de Economía Mixta. En ese momento, aparentemente, la ley estableció el régimen jurídico de esas empresas que estarían sometidas al estatuto de contratación, pero eso no fue tan cierto porque el mismo legislador estableció una excepción a esa regla”, dijo para iniciar.

Añadiendo que “el primer fraude de la contratación era el direccionamiento de licitaciones públicas, el 75% de las licitaciones públicas en Colombia se direccionaban a un solo proponente, pero llega la Ley 1882 que estableció el régimen de los pliegos tipo”.

En esa misma línea, Matallana destacó que “se está violando el sistema de contratación porque están obrando como intermediarias financieras, como fiducias, están violando el sistema financiero colombiano porque se están volviendo unas fiducias sin tener la autorización para serlo”.

¿Cuál sería la solución?

Sobre este punto en específico, Matallana explicó que en años pasados presentó una propuesta para reformar la Ley 80, pero hubo una oposición muy fuerte.

“En este caso, es necesario hacer una intervención profunda a la ley de contratación para que todo lo que fuera infraestructura, así sea ejecutado por régimen excepcional, tiene que someterse a pliego tipo. Para mí la solución es la reforma que termine obligando a las entidades que ejecutan infraestructura social, infraestructura vial y saneamiento básico, que apliquen pliego tipo”.

Todos los detalles a continuación: