Campaña Petro habría violado topes en más de $5.300 millones, según ponencia del CNE

El Consejo Nacional Electoral se alista para tomar una decisión frente a la campaña del presidente Gustavo Petro, en medio de la enorme tensión que ha producido la radicación de la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.

El documento, que ya está en manos de todos los magistrados del CNE, detalla las pruebas practicadas en la etapa de indagación, donde se habría evidenciado la presunta vulneración de topes de financiación en una cifra que superaría los $5.300 millones, entre la primera y la segunda vuelta.

“En primera vuelta, se concluye la presunta vulneración al límite o tope de gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la suma de $3.709.361.344 y en segunda vuelta, $1.646.386.773, teniendo en cuenta los gastos reportados por la campaña, los no reportados y la confrontación de los mismos con los topes de gastos establecidos por la Corporación”, dice la ponencia.

Según los magistrados, se omitieron varios gastos en el reporte radicado por la campaña, con los cuales se superarían los límites que establece la ley en materia de financiación de campañas presidenciales.

“Observa la corporación la realización de 32 pagos que ascienden a la suma de $121.544.000, los cuales guardan relación con la campaña objeto de estudio y que no fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas. Así mismo, es pertinente precisar que de la información analizada se evidencia coincidencias en pagos realizados a personas que hicieron parte de la estructura de testigos electorales que reportó la campaña presidencial de primera vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por lo cual se determina una relación inescindible con ésta”, agrega.

El documento también se refiere a los desplazamientos que habría hecho el entonces candidato Gustavo Petro en el avión que compró Daily COP a la Sociedad Aérea de Ibagué.

Dice el CNE que se habría omitido el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de $962.957.784, “toda vez que (…) en virtud de los servicios facturados por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO con la empresa SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI, se evidencia la generación de facturas electrónicas que, sin perjuicio de ser anuladas para modificar el valor y el concepto inicial, obedecen a hechos contablemente causados y servicios prestados”.

Así las cosas, para los ponentes habría “una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el tope de gastos establecidos por la Corporación”, también por otros elementos como el pago del evento en el que se esperaron los resultados de la segunda vuelta, en el Movistar Arena, que ascendería a $100.000.000 no reportados. “Se observa la generación de la factura electrónica No.45 emitida el 16 de junio de 2022 por la empresa TBL LIVE S.A.S a nombre del ciudadano RICARDO ROA BARRAGÁN, factura que se determina no fue anulada por parte del proveedor del servicio, por lo cual se presume que el servicio fue suministrad”, puntualiza.

Frente a los aportes de sindicatos, la ponencia llama la atención sobre los pagos de la USO, los cuales no estarían permitidos por tratarse de un personaje jurídico.

“No resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático, por lo tanto, el aporte efectuado por la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO” no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación”, afirma.

Todo esto tendrá que ser estudiado por la Sala Plena del CNE y sometido a votación para definir si se abrirá o no investigación formal y se formularán cargos contra Petro, pero también contra el gerente de su campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

La defensa de los dos investigados considera que el CNE no tiene competencia y seguirá dando la pelea para que el expediente sea remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde el presidente ya es investigado penalmente.