Habla el superintendente de Subsidio destituido e inhabilitado por 12 años

El superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, fue destituido de su cargo e inhabilitado por 12 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público señala en su decisión que Luis Guillermo Pérez incurrió en dos faltas gravísimas:

1. Desconoció la lista de elegibles de directores administrativos para designar personas que no habían participado en la convocatoria previa legal, la cual se había realizado en mayo de 2022, es decir, en el gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo con la decisión de primera instancia, el superintendente Pérez rebajó los requisitos para darle cabida a otras personas, con lo cual vulneró los principios de igualdad, legalidad y moralidad.
2. La Procuraduría dice que el superintendente Luis Guillermo Pérez excedió sus funciones al solicitarles a las cajas de compensación familiar contribuciones para apoyar una iniciativa de monseñor Rubén Darío Jaramillo para ayudar a la población de Buenaventura. Dice la Procuraduría que, independientemente del fin humanitario y altruista, el superintendente no tiene facultades para pedirle a las entidades vigiladas por él contribuciones distintas a las que están obligadas por ley.

El destituido superintendente, por su parte, señala que la Procuraduría ha incurrido en varias irregularidades, pues afirma que el proceso disciplinario en su contra se inició sin que mediara queja alguna en su contra, sino que se produjo por solicitud directa de la procuradora general Margarita Cabello Blanco.

El superintendente destituido también asegura que detrás de todo está la presidenta de Asocajas, el gremio que agrupa a las cajas de compensación. Ella es la abogada Adriana Guillén, esposa del exprocurador general Edgardo Maya.

De acuerdo con la versión del funcionario destituido e inhabilitado, la propia doctora Guillén le dijo que ella y su esposo, el exprocurador Maya, eran muy amigos de la procuradora general Margarita Cabello Blanco y de otros funcionarios del Ministerio Público que han participado en su proceso.

Dice además que cuando Gustavo Quintero, su primer abogado, renunció en medio de una audiencia, le nombraron abogado de oficio a Fernando Rodríguez quien había sido secretario privado de Edgardo Maya cuando fue procurador general.

También asegura que cuando recusó a la funcionaria de la Procuraduría que lo procesaba, la procuradora Yolanda Reyes siguió actuando y la recusación fue negada en el plazo récord de dos horas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

El viernes pasado, a las 5 de la tarde, se venció el plazo para presentar alegatos de conclusión. Sin embargo, ayer a mediodía, en apenas un día y medio hábil, la Procuraduría redactó y emitió un fallo de 110 páginas destituyéndolo e inhabilitándolo.

Están pendientes una segunda instancia, una acción de tutela y también una denuncia penal. Veremos en que para todo esto.