Contraloría halla millonario detrimento en proyecto de Data Center de ETB
El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, calificó el ‘Data Center Alma’ como “quizás uno de los peores negocios que ha hecho la ETB en su historia, y donde se perdieron más de $23.000 millones de todos los bogotanos”.
Imagen de referencia de billetes colombianos. Foto: Getty Images. / OSCAR GIRALDO
Bogotá
La Contraloría de Bogotá determinó responsabilidades fiscales por $23.787 millones en el frustrado proyecto ‘Data Center Alma’, concebido por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para almacenar datos a gran escala. El fallo involucra a cuatro exdirectivos de la compañía, los contratistas de obra y la firma interventora.
El ente de control documentó falencias desde la concepción de los contratos, diseños deficientes, cronogramas inadecuados, mala calidad en las obras civiles y su posterior abandono. Sumado a la ausencia de controles efectivos por parte de la ETB y la interventoría, estas irregularidades impidieron la conclusión del proyecto e implicaron el detrimento de los recursos invertidos desde 2015.
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En un hecho cuestionable, la adjudicación de los diseños e ingeniería detallada recayó en la misma firma encargada de la interventoría, DCC Data Center Consultores. Actualmente, tanto la estructura física como los equipos tecnológicos permanecen abandonados en la Zona Industrial de Puente Aranda.
El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, calificó el ‘Data Center Alma’ como “quizás uno de los peores negocios que ha hecho la ETB en su historia, y donde se perdieron más de $23.000 millones de todos los bogotanos”.
Ante el fallo, la Contraloría avanza en la recuperación de los recursos distritales utilizados. Recientemente, la aseguradora La Previsora S.A. reintegró $8 mil millones a la ciudad tras hacerse efectiva una póliza de responsabilidad civil que amparaba el proyecto fallido.
Ruiz aseguró que se efectuarán todas las acciones legales posibles para recuperar los recursos restantes, evidenciando el compromiso del ente de control por velar por el patrimonio público y exigir cuentas a los responsables de este millonario detrimento.