Justicia de Panamá declaró constitucional la candidatura electoral de José Raúl Mulino

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró este viernes 3 de mayo que “no es inconstitucional” la decisión del pasado 4 de marzo del Tribunal Electoral (TE) de designar como candidato presidencial a José Raúl Mulino, favorito en los sondeos para las elecciones generales del domingo, en sustitución in extremis del expresidente Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado tras ser condenado a más de diez años de prisión.

“El pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional” la decisión del Tribunal Electoral del pasado 4 de marzo, informó en una declaración la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias.

La magistrada declaró que la decisión se tomó “por mayoría”, y anotó que lo que los llevó en este “momento histórico” a tomar esa postura fue defender la “patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido, el pluralismo político, sin olvidar el importante rol que juegan los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia”.

“Y lo que hemos considerado más importante, la voluntad soberana del pueblo panameño (...) Por ello, esta corporación considera que lo que procede es permitir que estos colectivos políticos sigan teniendo representación y mantengan vigente su derecho a elegir y ser elegido”, expuso López Arias a primera hora de la mañana en su declaración pública.

La decisión del pleno recibió “ocho votos a favor y un salvamento de voto”, y se comunicó este viernes 3 de mayo al concluir la sesión permanente del pleno extraordinario que había sido convocado la mañana del pasado martes, según detalló el Supremo en un comunicado.

La Corte Suprema había admitido el pasado marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Tribunal Electoral que ese mismo mes designó al candidato a vicepresidente Mulino como sustituto de Martinelli, inhabilitado políticamente tras una condena a más de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, lo que le llevó a solicitar asilo en la Embajada de Nicaragua en la capital panameña.

La demanda argumentaba que Mulino aspiraba a la presidencia sin vicepresidente, lo que viola artículos constitucionales, y que no fue elegido en primarias por el partido que lo abandera, Realizando Metas (RM), fundado por el expresidente Martinelli, entre otros.

La semana pasada, el magistrado ponente del caso explicó que el veredicto sobre esa demanda podría darse después de las elecciones del domingo debido a los tiempos judiciales, pero dejó abierta la posibilidad de una reunión extraordinaria.

Bajo la sombra de Martinelli

Mulino, un político de largo recorrido, lidera los sondeos como el candidato favorito de cara a los comicios del 5 de mayo, en los que se presenta por el partido Realizando Metas y Alianza, como sustituto in extremis de Martinelli.

El que fue ministro de Seguridad y de Gobierno durante la administración de Martinelli (2009-2014), asegura que retomará los “buenos tiempos” de la administración de su valedor político, cuando se consolidó como la nación con el mayor crecimiento económico de la región, además de construir el primer Metro de Centroamérica.

En julio de 2009 Martinelli lo nombró ministro de Gobierno (Interior) y Justicia, y en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, teniendo una accidentada gestión por la represión en julio de 2010 de protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro (Caribe), con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Al inicio de la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) fue acusado de corrupción en relación con la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante siete meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017.

Mulino ha dicho públicamente que de llegar al poder “ayudaría” a Martinelli “como corresponde de acuerdo a la ley”, después de que el actual Gobierno le negara un salvoconducto para viajar a Nicaragua.