Pederasta tendría información sobre capos de prostitución infantil en Medellín

Ante una corte federal del sur de la Florida comparecerá en las próximas horas el ciudadano estadounidense, de origen ecuatoriano, Stefan Andrés Correa Collins, quien hace una semana fue arrestado en el aeropuerto de Miami cuando se alistaba para abordar un vuelo de Avianca a Medellín.

En el momento de su captura llevaba nueve teléfonos celulares que contenían videos suyos sosteniendo relaciones sexuales con niñas que tenían entre 10 y 12 años. También había mensajes de texto con proxenetas que arreglaban la entrega de las pequeñas al presunto depravado.

De acuerdo con un intercambio de mensajes, en poder de la justicia de Estados Unidos, Correa pagaba 300.000 pesos por cada niña que le llevaban proxenetas intermediarias.

Correa, de 42 años, es para los investigadores de Estados Unidos y Colombia un hombre clave para descubrir el funcionamiento de las redes de prostitución infantil que operan en el país, especialmente en Medellín y Cartagena.

Había venido a Colombia 45 veces en los últimos dos años, un promedio de dos veces al mes, y tenía contacto permanente con delincuentes colombianos.

En sus aparatos telefónicos hay pistas sobre los operadores de las redes de prostitución infantil y la posible identidad de los capos que manejan el negocio criminal.

Las repetidas visitas de Correa a Colombia están rastreadas, así como sus teléfonos y computadores donde están las huellas de los arreglos para el infame propósito de la pederastia.

Así mismo se investiga la correspondencia que ha recibido por años Stefan Correa en un apartado postal en Orlando, Florida.

El caso de Correa está ligado, por tener víctimas comunes, con el de Timothy Alan Livingston, el estadounidense que fue dejado en libertad a pesar de haber sido descubierto con dos menores de 12 y 13 años en un hotel de Medellín.

La investigación sobre las redes de prostitución infantil en Colombia viene siendo adelantada por dos ministerios de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Interior, Homeland Security. Participan además el servicio de aduanas (Customs and Border Protection, CBP) y la oficina de cooperación judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Por parte de Colombia hay participación de la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Medellín.

El Departamento de Justicia, a través del programa Infancia Segura, ha destinado recursos a la investigación y procesamiento de los responsables.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, asignó esta tarea al fiscal federal Markenzy Lapointe, uno de los más altos funcionarios del Departamento de Justicia. Lapointe nació en Haití, llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años y junto con su mamá y sus hermanos vivió y creció en dos pequeñas habitaciones en el humilde vecindario de Liberty City, en Miami.

El agente especial a cargo se llama Anthoy Salsburry, director de investigaciones del Departamento de Homeland Security. Él ha investigado a carteles del narcotráfico y pandillas.

Es decir, el tema está en manos de dos de las funcionarios más calificados en investigación y aplicación de la ley en Estados Unidos.