Vuelve y juega: irregularidades con la Convocatoria 27 para magistrados y jueces

Este domingo 21 de abril estaba programado el simulacro de las pruebas de conocimiento en las que se presentaron más de 3.000 abogados que aspiran a ser jueces y magistrados en los tribunales y juzgados del país.

Denuncian que este concurso que está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ha presentado varias inconsistencias con el sistema de evaluación. El 21 de abril, en el simulacro para la prueba, se presentaron bloqueos, al parecer, la información no fue clara, no hubo soporte técnico e incluso los abogados afirman que tuvieron que desinstalar el antivirus y otras aplicaciones con las quedó en riesgo información sensible.

Para que estas personas sean seleccionadas deben pasar varias etapas de un concurso que inició hace más de 6 años que, en teoría, la fase 3 debería finalizar en julio de 2025. A la mitad de este proceso, los más de 3.000 abogados insisten en que no hay garantías en los exámenes.

“La improvisación rampante en todas las etapas del concurso. No en vano llevamos 6 años en esto. El cambio abrupto de las condiciones anunciadas para este examen. Originalmente iba a ser presencial en sus sedes, pero virtual a través de sus equipos. Ahora resulta que cada cual desde su casa debe responder por el equipo, la conectividad, el suministro de energía, etc”, señaló ante La W un abogado que ha estado en el proceso.

Cabe recordar que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla también llevó a cabo el proceso de selección para elegir el registrador nacional y también hubo denuncias sobre fallas técnicas con la plataforma de evaluación llamada Klarway.

“Las reglas cambiaron unilateral y repentinamente. Al principio era un examen en donde nosotros íbamos a ir a una sede de ellos a presentar el examen, ahora ya no. Cada persona debe garantizar tanto el fluido eléctrico, como las condiciones de los equipos para presentar todo esto de forma virtual y remota”, señaló Miguel Rodríguez, quien aspira al cargo de magistrado del Tribunal Administrativo.

César Camargo, otro candidato en la convocatoria y quien aspira al cargo de juez penal del Circuito, comentó ante los micrófonos de La W que los candidatos se encuentran en un momento de incertidumbre.

“Hay problemas en el diseño de toda la perspectiva pedagógica. La cantidad de información que nos están haciendo leer, además desarticulada y la evaluación de las mismas. Tenemos una total incertidumbre en este momento en cómo se llevará la fase de evaluación. No sabemos a qué tipo de ítem nos vamos a enfrentar”.

La W consultó con algunos aspirantes a estos cargos y mencionaron que los retrasos y múltiples fallas en el sistema podría deberse a posibles conflictos de interés para selecciones de jueces y magistrados a dedo. Sin embargo, Rodríguez, señala que se debe a la improvisación.

“Desde mi punto de vista no hay ningún interés de acomodar a magistrados y jueces en provisionalidad. La escuela judicial es una institución que como tal está formada para adelantar esto. Sin embargo, lo que ha habido en este proceso es improvisación y que finalmente perjudica a las personas que queremos entrar por mérito. Esto se ve en cambiar las reglas a última hora y practicar un simulacro que se hizo el domingo y fue un total fracaso. Resultaron echándole la culpa a un supuesto intento de hackeo. Si esto es así con un simulacro como será con la prueba real”.

Ambos dicen sentirse desprotegidos ya que no han recibido respuesta alguna.

“Nosotros hemos hecho peticiones a los operadores porque es el canal de comunicación, pero no tiene capacidad decisoria. Las respuestas que nos han dado han sido contradictorias, insatisfactorias, insuficientes y creo que hasta este momento se van a elevar nuestras peticiones para que sean precisamente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura quienes decidan cómo van a solucionar todos estos inconvenientes”, puntualizó el abogado Miguel Rodríguez.

La Convocatoria 27 ha sido tan polémica y controvertida porque la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional fallaron a favor de los tutelantes que insisten en inconsistencias e incluso le ordenaron al Consejo Superior de la Judicatura garantizar el proceso.

“Apremiar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso, y para que, en el desarrollo de estas, actúen de manera congruente con los principios de la función administrativa, particularmente los postulados de la eficacia y la celeridad”, señaló la Corte Constitucional.

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