PDVSA Colombia ya no será tan supervisada: pasó de grado de control a vigilancia

La Superintendencia de Sociedades anunció que la sucursal en Colombia de la petrolera PDVSA fue exonerada del grado de supervisión denominado control y pasará a su estado anterior que era el de vigilancia, lo cual significa que ya no estará en el máximo grado de supervisión, pero de todas formas tendrá que presentar información periódica a esta autoridad sobre su situación jurídica, económica, contable y administrativa.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que “el grado de supervisión denominado control permite adoptar medidas oportunas y preventivas de acompañamiento y salvamento, de preservación del orden público económico y que, en el caso de la sucursal PDVSA sucursal Colombia en reorganización se tomaron, en aras de proteger su continuidad como unidad de explotación y fuente generadora de empleo. Adoptados los correctivos de ley, que en este asunto fueron, entre otros, su convocatoria a un proceso reorganización, la sucursal retorna a su estado anterior, en el cual seguiremos nuestro proceso de acompañamiento de manera constructiva y pedagógica, bajo los parámetros de ley, con el propósito de fortalecer la generación de riqueza, la sostenibilidad, la promoción del empleo y el fortalecimiento de las relaciones comerciales binacionales”.

La Supersociedades señaló que esto se da tras confirmarse su acuerdo de reorganización, y haberse adoptado los correctivos pertinentes, con miras a la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa.

Recordemos que esta confirmación del acuerdo con sus acreedores es para que pueda atender las deudas que son de $30.736.259.802, en un plazo máximo de 2 años.

Pero además buscan la reactivación del gasoducto Transcaribeño “Antonio Ricaurte” Tramo Colombia, que se extiende aproximadamente en 88,5 kilómetros en el territorio Colombiano, localizado entre Maicao, Manaure y Riohacha valorado en $72.515.185.000 (USD14,952,663,59) y una perspectiva de inversiones del orden de US$2.000.000, según su plan de negocios presentado ante el juez del concurso.