EE.UU. reveló alarmante situación de derechos humanos y corrupción en Colombia
El reporte anual del Departamento de Estado advierte que, en todo caso, el Gobierno de Colombia viene tomando medidas.
Dinero, imagen de referencia | Foto: GettyImages / Oscar Giraldo
Este lunes 22 de abril se conoció el más reciente reporte de derechos humanos que emite anualmente el Departamento de Estado. En el documento, que abarca el periodo 2023, se incluye a Colombia.
El Departamento de Estado deja claro, inicialmente, que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año”. En todo caso, la preocupación sí se mantiene en varios temas, como ocurrió en el reporte anterior.
Por ejemplo, el informe señala que organizaciones criminales, disidencias de las Farc, el ELN y delincuencia común secuestraron a varias personas.
“Según el Ministerio de Defensa, del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 3.875 secuestros. De los cuales, 15 fueron atribuidos a disidencias de las Farc, 13 al ELN y el resto a otros grupos armados organizados y organizaciones criminales”, se lee.
Lea también:
El 3 de julio, por ejemplo, según relata el informe, el ELN secuestró a un sargento de Policía y a sus hijos, las víctimas fueron liberadas seis días después. El 29 de julio, el ELN secuestró al sargento Luis Alberto Gómez, comandante de la fuerza policial en el municipio de Génova, Nariño; Gómez fue liberado el 2 de agosto como parte de las demandas hechas por el Gobierno Nacional durante el inicio del alto el fuego bilateral con el ELN el 3 de agosto. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, cuatro víctimas de secuestro murieron mientras estaban en cautiverio. Al 10 de agosto, la Oficina del fiscal general informó de siete condenas por secuestro.
Señala el reporte también que, según la organización no gubernamental (ONG) Temblores, del 1 de enero al 31 de julio la Policía cometió 12 homicidios o ejecuciones extrajudiciales.
“En un caso, el 19 de enero, en el municipio de Venadillo, departamento de Tolima, la Policía disparó a Ricardo Iván Amaya, quien posteriormente murió bajo custodia policial”, señala el informe.
Otro tema sobre el que se mantiene la preocupación tiene que ver con las libertades electorales: “Se informó ampliamente que las elecciones nacionales y regionales eran justas y estaban libres de abusos e irregularidades. Las bandas criminales, los disidentes de las Farc y el ELN amenazaron y mataron a funcionarios del Gobierno. El ELN, por ejemplo, amenazó con atacar a algunos candidatos políticos locales que no apoyaban al grupo armado. Al 31 de mayo, la NPU, bajo el Ministerio del Interior, estaba proporcionando protección a 335 alcaldes, 18 gobernadores y otras 867 personas, incluidos miembros de asambleas departamentales, miembros del Consejo y jueces. Por decreto, el programa de protección de la Policía Nacional y la NPU compartieron la responsabilidad de proteger a los alcaldes municipales y de distrito”.
Un tema no menos importante tiene que ver con la corrupción. Advierte el Departamento de Estado que la ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el Gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo.
“Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, se lee.
Y agrega Estados Unidos que “la Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de ahora mandatario. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de Gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”.
