Perú defendió sustento jurídico del indulto al expresidente Fujimori ante la Corte IDH

El Gobierno de Perú afirmó este martes 16 de abril que la decisión de restituir el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se tomó “conforme a su marco jurídico interno y externo”, por lo que consideró que no ha desacatado las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al cumplir con una orden que dio el Tribunal Constitucional (TC) en diciembre pasado.

“Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, declaró el ministro de Justicia, Eduardo Arana, durante una presentación ante la prensa en la que se detalló el informe que el Estado peruano remitió a la Corte IDH por este caso.

Arana agregó, al respecto, que “el Perú exige que se respete su posición” y su “soberanía jurídica nacional e internacional”.

A su turno, César Pastor, uno de los agentes peruanos ante la Corte IDH, sostuvo que los argumentos del Gobierno que preside Dina Boluarte son “de la posición del Estado peruano, no de la defensa del señor Alberto Fujimori”.

Añadió que durante los últimos años se cumplió con revisar el indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que, por tanto, “no existe” un desacato a las resoluciones de la Corte IDH.

“La defensa del Estado peruano ha acreditado ante la Corte Interamericana que no ha existido tal desacato, pues ha cumplido con la obligación del control en sede jurisdiccional”, dijo.

Otro de los agentes peruanos, Jorge Luis Cáceres, indicó que Fujimori es “un hombre más de 85 años de edad” que ha pasado más de 16 años de prisión, y que la posición del gobierno peruano “no es una decisión ideológica” sino “motivada en el ordenamiento constitucional”.

El informe ante la Corte IDH

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció el pasado 9 de marzo que el Estado peruano había recibido “una ampliación” hasta comienzos de abril del plazo para responder ante la Corte IDH sobre el indulto otorgado a Fujimori.

Añadió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería estaban “trabajando arduamente” en este tema y dijo que confiaba en que el informe fuera “sumamente contundente” y satisfaga plenamente a la corte internacional.

Adrianzén indicó que si la Corte IDH no está conforme con algunos puntos del informe puede convocar al Estado y a los representantes de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009, a una audiencia para “expresar sus consideraciones”.

“Un escenario poco favorable, pero también probable es que como resultado de la audiencia la Corte decida que el Estado peruano está en desacato. Si este desacato es así declarado, la Corte podrá informarlo en la próxima Asamblea General de la OEA en Asunción”, acotó.

El 5 de diciembre de 2023, el TC de Perú ordenó la liberación inmediata de Fujimori, quien salió un día después de prisión, a pesar de que la Corte IDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de ejecutar esa medida con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

En una resolución posterior, la Corte IDH recordó que había ordenado no implementar el indulto a Fujimori porque “no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional” y consideró que el Estado peruano cometió un desacato al ejecutar la sentencia del TC.