Frente a la cuestionada operación militar ‘MAHLON’ en la vereda Alto Remanso, Putumayo, que dejó como saldo la muerte de 11 personas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación unánime de 9-0, determinó que la investigación en contra de 25 militares deberá seguir su curso por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

Mediante un documento de 23 páginas, la Sala Plena resolvió “DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), y el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar del mismo municipio y DECLARAR que el conocimiento del proceso penal seguido en contra del señor Néstor Andrés Cadena Bautista y otros le corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo)”.

La Corte, que entró a resolver el conflicto de jurisdicciones, resolvió que al tratarse de una investigación relacionada con violaciones a los “derechos humanos, de lesa humanidad y de infracciones al derecho internacional humanitario”, en medio de hechos ajenos al servicio, debe ser el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), el que adelante el proceso penal en contra el Teniente Coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y otros militares implicados, entre los que se encuentran un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados.

“La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, es competente para conocer de las investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública, (i) cuando hay duda de que los delitos investigados tengan una relación directa, próxima y evidente con el servicio y/o (ii) cuando se trata de casos de posibles graves violaciones de derechos humanos. En estos eventos se desvirtúa el elemento funcional como requisito necesario para activar el fuero penal militar, en los términos del artículo 221 de la Constitución Política”, argumentó la Corte Constitucional.

La defensa de los investigados había solicitado al Fiscal 150 y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo que el caso fuera remitido al Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar del mismo municipio, argumentando que “los procesados se encontraban cumpliendo su función constitucional como miembros de la Fuerza Pública, porque actuaron en el marco de la operación militar No. 5 MAHLON y conforme con los estándares del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

La masacre en Alto Remanso, Putumayo

Luego de dos años de ocurridos los hechos, los familiares de las víctimas han pedido justicia, cuando aseguran que durante la ejecución del operativo realizado el 28 de marzo de 2022 se habrían presentado irregularidades.

El operativo militar ‘MAHLON’ en la vereda Alto Remanso, Putumayo, en contra de la supuesta estructura de las disidencias de las FARC liderada por el cabecilla alias de “Bruno”, fue realizada por las Tropas del Batallón contra el Narcotráfico y el Pelotón de Reconocimiento Táctico No. 3 del Batallón Fluvial de Infantería No. 30.

En medio del operativo, se habría dado de baja a tres presuntos integrantes de la estructura, desatando un combate entre la fuerza pública e integrantes de las disidencia de las FARC, justo cuando en la vereda Alto Remanso se realizaba un festival para reunir recaudos.

Tras los combates, se conoció la muerte de 11 personas, 4 más resultaron heridas y fueron atendidas y evacuadas a la Clínica de Puerto Asís,  además de registrarse la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones y la recuperación de un menor de edad que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Puerto Asís, en Putumayo.

La población que estuvo en medio de los hechos denunció que, momentos previos al operativo, llegaron hombres vestidos de civil que se  identificaron como integrantes de las disidencias y después se pusieron la indumentaria militar.

Human Rights Watch (HRW) se pronunció frente a los hechos mediante un informe en el que destacó que la información recolectada por la Fiscalía, demostraría que el operativo incurría en un caso de homicidio en persona protegida, cuando dentro de las víctimas se encontraban un líder comunitario y su esposa embarazada, al igual que un líder indígena.