Medicina Legal desvirtúa excusa psiquiátrica de abogado para lograr vencimiento

El nombre del abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón saltó nuevamente a la celebridad hace unos días, cuando la Fiscalía anunció que lo imputará dentro del caso en el que procesa a su colega Diego Cadena por soborno de testigos y fraude procesal.

La noticia sorprendió a Cañón mientras atiende otro juicio en su contra por el mismo delito: sobornar a un testigo.

El abogado Sánchez Cañón trató de comprar al testigo Julio César Pulgarín para que se volteara y declarara a favor de su cliente Wilson Ocampo Gaviria, alias ‘Guacamayo’. Dentro de un proceso por múltiples delitos que incluye el robo del apartamento del senador Omar Yepes. Que por cierto es un robo bien raro porque parece que la víctima reconoce menos dinero sustraído que los ladrones. Vaya uno a saber por qué, pero en fin esa es otra historia.

El testigo Julio César Pulgarín grabó al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón mientras le ofrecía 30 millones de pesos. En la conversación estaba presente Fernando Castrillón, el investigador privado que trabajaba para el abogado y le servía de cómplice; Jorge Ocampo, alias ‘Maravilla’, el hermano de ‘Guacamayo’, beneficiario de que el testigo mintiera; y otro huésped de la cárcel conocido con el alias de ‘Culebro’.

Allí, Sánchez Cañón le dice al hermano de su cliente delante del testigo: “lo que le están debiendo a Julio ustedes tienen que cuadrarle el dinero como si yo no fuera amigo de ustedes, ni nada de eso (…) me dijo él en 15 días la manda una parte, en otros 15 días otra parte, y así”.

La investigación está tan rigurosamente hecha que hay hasta foto de los billetes con los que pagaron al testigo el adelanto del soborno.

La prueba está, desde hace mucho tiempo, en poder de la justicia pero el proceso se ha dilatado, y dilatado, y dilatado.

Samuel Arturo Sánchez Cañón es summa cum laude en vencimiento de términos, solo comparable al abogado cuyos clientes se enferman del estómago el día de las audiencias.

El lunes de la semana pasada todo estaba listo para que el juicio en su contra entrara en su fase final y –si hay justicia– fuera condenado como corresponde.

Pero repentinamente se apareció con una constancia de un médico psiquiatra diciendo que le concedía 30 días de incapacidad porque necesitaba una psicoterapia familiar porque tenía ansiedad y depresión.

Lo más grave es que el último término para la prescripción de la acción penal se vence el 9 de mayo. Con la excusa el juicio solo podría reanudarse el 7.

Así es que con su justificación psiquiátrica debajo del brazo el cuestionado abogado pasaría invicto a la impunidad.

Sin embargo la señora jueza primero del Circuito de Manizales que preside el caso, y que ya conoce al abogado Sánchez Cañón, le pidió al Instituto de Medicina Legal hacer una valoración siquiátrica del imputado y determinar si podía asistir al juicio en su contra.

La valoración concluyó lo siguiente: “desde el punto de vista psiquiátrico forense el señor Samuel Arturo Sánchez Cañón NO presenta actualmente ninguna patología o sintomatología mental que limite su capacidad para comprender todos los aspectos legales y las implicaciones de los cargos que se le puedan endilgar, así como para comparecer a una audiencia de juicio oral, ofrecer un testimonio, comprender o decidir con pleno conocimiento de causa en relación con la aceptación de cargos o el establecimiento de un preacuerdo con las partes del proceso”.

Pese a la existencia del dictamen forense Sánchez Cañón quiso seguir aplazando la diligencia alegando que se sentía malito, pero la jueza le exigió su presencia y el proceso avanza con la esperanza de que esta semana se produzca un veredicto.

De momento el investigador Castrillón ya salió limpio porque la acción penal por complicidad ya prescribió.

En pocos días se sabrá si Samuel Arturo Sánchez Cañón también lo logra. Toda esta semana habrá audiencias.

Bonus track

Hace unos meses el entonces ministro de Transporte Guillermo Reyes tuvo que irse de su cargo luego de que La Silla Vacía revelara que usó al menos siete veces el avión privado del ingeniero Pedro Contecha, favorecido con un contrato de 60.000 millones de pesos por el Invías.

La subdirectora de gestión de riesgos del Invías advirtió que esa obra se habría podido hacer por la mitad del dinero.

El ministro salió de su cargo aunque fue premiado con el nombramiento como embajador en Suecia y, como suele pasar en Colombia, el escándalo pasó al olvido.

Sin embargo, este fin de semana la periodista Jineth Prieto, de La Silla Vacía, revela que el entonces candidato Gustavo Petro también usó el avión del señor Contecha el 8 de marzo de 2022.

Diez meses después, siendo ya presidente Gustavo Petro, Contecha recibió el multimillonario contrato de 60.000 millones.

El país necesita una explicación sobre este tema, señor presidente.

El vuelo no fue declarado como aporte a la campaña y la saliente secretaria de prensa de la Presidencia María Paula Fonseca envío hace unos minutos un trino a La Silla Vacía, diciendo que para esa fecha Petro no era candidato porque la inscripción ocurrió 17 días después.

La investigación de La Silla Vacía revela el manifiesto de vuelo donde aparecen los nombres de los otros pasajeros, digo los otros además del ahora presidente Gustavo Petro:

1. Roy Barreras, hoy embajador en el Reino Unido.

2. Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior.

3. Armando Benedetti, súbitamente nombrado embajador en la FAO en Roma.

4. Roosvelt Rodríguez, superintendente de notariado.

5. Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales.

Lo reitero, el país necesita una explicación del presidente de la República sobre este vuelo y sobre el hecho patente de no haber sido informado en las cuentas de campaña.