Advierten sobre expansión territorial del Clan del Golfo en zonas indígenas de Córdoba

Montería

Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento son los municipios de Córdoba que, según la Defensoría del Pueblo corren peligro por cuenta de la presencia y el dominio poblacional que quiere imponer esa estructura armada ilegal. En ese sentido, el organismo defensor de derechos humanos emitió la Alerta Temprana 011 de 2024.

“Son 17 recomendaciones las formuladas por la entidad de derechos humanos, las cuales contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el acceso a la administración de justicia y la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades”, estableció la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo sostuvo que esta alerta se hizo necesaria emitirla ante la grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de los municipios cordobeses antes referenciados.

“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

“El riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de limpieza social”, agregó.

La Defensoría explica que las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.

“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señala Carlos Camargo Assis.

-La finalidad del control poblacional y territorial:

De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, “la expansión y control poblacional y territorial del frente Javier Yepes Cantero, de las AGC, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como fin crear ‘zonas seguras’ y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el Golfo de Morrosquillo”.

“A ello se suma la generación de un escenario de disputa asimétrica entre el Javier Yepes y el Frente Manuel José Gaitán, de las AGC, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona. Lo que está ocurriendo ha derivado en el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales; igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)”, reveló la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, el defensor Camargo Assis enfatizó en que “advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”,

Frente a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo también sostuvo que los siete municipios cuentan con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, “pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad”.

En ese sentido, se emitieron 17 recomendaciones “para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, puntualizó Camargo Assis.