Detrimento sobre bienes para víctimas habría superado $4.200 millones en gobierno Duque

La Unidad para las Víctimas reveló las conclusiones de la auditoría que solicitó a la Secretaría de Transparencia de la presidencia frente a presuntas irregularidades en el manejo de los bienes del Fondo para la Reparación a las Víctimas en el periodo 2018-2022, gobierno Duque.

Dentro de los hallazgos se encontró que el detrimento patrimonial producto de malos manejos y administraciones de los bienes habría superado los $4.200 millones, particularmente $3.786 millones producto de alquileres por debajo del precio debido.

“…no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($3.786.954.885) entre 2018 y 2022″ citó la Unidad.

También, se encontró un posible detrimento de $233 millones en estimaciones de alquileres en un valor inferior al precio que tenía el predio previamente, pero también el no incremento del arriendo durante varios periodos.

De hecho, según el informe se establecían alquileres sin ni siquiera haber realizado visitas en campo a conocer el estado y las características de los predios.

“A sabiendas que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación” dijo la Unidad.

Además, dentro de los hallazgos más importantes según el informe de transparencia, diferentes contratistas habrían variado el nombre de sus empresas para acaparar contratos con el Fondo para las víctimas entre 2018-2022 por un monto multimillonario.

“…grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de $84.000 millones ($84.585.794.564). De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión” indicaron.

Incluso se mencionó un contrato entre el Fondo y la Unión Temporal Geopass por un valor de $2.981 millones para el saneamiento físico de los bienes del Fondo, haciéndose desembolsos por $1.200 millones sin que se presentaran avances en el objeto contractual.

Una situación similar se encontró en los contratos 096 de 2020 por $4.216 millones en el cual se hicieron pagos sin que los anexos del contrato correspondieran con los informes de actividades y supervisión para justificar los desembolsos.