Contralor, fiscal, procuradora y defensor se reúnen para evaluar informe sobre EPS

Se reunirán el contralor general de la república encargado, Carlos Mario Zuluaga; la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; la procuradora general, Margarita Cabello Blanco; y el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La cumbre de las llamadas “ías” fue citada por el contralor en funciones y tiene que ver la crisis de las EPS, las empresas promotoras de salud.

La Contraloría quiere compartir con las cabezas de los organismos de control un informe según el cual hay pruebas de malos manejos de los dineros públicos de la salud por parte de algunas EPS.

Los investigadores de la Contraloría encontraron inconsistencias en el uso de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, por un valor, por favor óiganlo bien, de 9 billones de pesos.

La UPC es el dinero que paga anualmente el gobierno a las EPS por cada afiliado al sistema de seguridad social en salud para cubrir el POS, el plan obligatorio de salud.

Para que ustedes tengan idea de la dimensión del presunto hallazgo de la Contraloría, el año pasado el gobierno, a través de Adres, le giro a las EPS alrededor de 82 billones de pesos. Las inconsistencias serían de 9 billones. Es decir, casi el 11 por ciento de los dineros girados.

La Contraloría encontró que la plata –que por mandato de la ley solo puede usarse para la salud– fue utilizada, entre otras cosas, para pagar multas e intereses moratorios de algunas EPS.

En otros casos hallaron pagos a IPS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que exceden las obligaciones contractuales con clínicas, hospitales, y laboratorios pertenecientes a los mismos grupos empresariales controlantes de las EPS.

Vale decir que alguna, o algunas, EPS usaron recursos públicos para pagarse anticipadamente y más allá de los servicios verdaderamente prestados, autoaprobándose multimillonarios adelantos con dineros públicos.

También en algunos casos hay compras de inmuebles con los fondos destinados a atender a los pacientes.

Así mismo, la Contraloría encontró que gastos administrativos de algunas EPS se han pagado con recursos públicos, excediendo los porcentajes aprobados legalmente, que son del 8 por ciento para el régimen subsidiado y 10 por ciento para el régimen contributivo.

Los investigadores de la Contraloría cruzaron los reportes de las EPS con los códigos de la DIAN y en la comparación surgieron las inconsistencias.

Bueno, inconsistencia es una forma suave de decirlo.

Cuando alguien usa dineros públicos con una destinación diferente a la permitida, incurre en el delito peculado, para el cual el código establece una pena de 6 a 15 años de prisión.

De ahí que el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga quiera poner la información en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que la Fiscalía determine si directivos de algunas EPS han incurrido en delitos.

La procuradora Margarita Cabello, quien ha hecho un llamado al gobierno para que garantice el funcionamiento del sistema de salud, también será informada sobre estos presuntos hallazgos de los investigadores de la Contraloría por si considera necesario iniciar investigaciones disciplinarias.

Por último, el defensor del pueblo será plenamente informado, ya que dentro de sus funciones está garantizar la atención a los usuarios del sistema de salud.

La reunión empieza a las 8:30 de la mañana y el informe amenaza con desatar una tormenta dentro del huracán que ya se está viviendo en el sector salud después del hundimiento de la reforma y la coincidente intervención de Sanitas y la Nueva EPS.