La Defensoría del Pueblo tiene sede propia en Medellín, pero paga arriendo

Sigue La W conoció que la Defensoría del Pueblo adquirió un inmueble por $5.600 millones para la sede de la regional Antioquia desde 2022, sin embargo, no la ha adecuado y en consecuencia continúa pagando arriendo en otro edificio que ha funcionado como sede desde hace algunos años.

El más reciente arriendo fue renovado mediante la Resolución 680 del 11 de marzo de 2024 por valor de $191.770 millones para un plazo de cuatro meses y 20 días y cuyo objeto contractual con Pancomercio S.A. es: “arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Carrera 49 No. 49-24, comuna 10, en el municipio de Medellín, Antioquia, para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia”.

Además, en la justificación para suscribir el contrato se reitera  que “aunque se avanzó en la adquisición de un predio para la sede, la entidad aún se encuentra en el proceso de adecuación del mismo, proceso que, debido a las condiciones requeridas para el adecuado funcionamiento de la Defensoría, requiere tiempo, por tal motivo, dicha situación conlleva realizar un contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la sede regional en el cual los funcionarios ejecuten sus labores administrativas y misionales adecuadamente”.

Muchos servidores de la Defensoría de la Regional Antioquia no se explican cómo se continúa pagando arriendo teniendo un edificio propio. Además, advierten que tampoco están de acuerdo con el inmueble adquirido porque se encuentra en una zona que tiene problemas de seguridad en el sector.

Sergio Mazo, funcionario desde hace 31 años en la Defensoría del Pueblo, indicó que la promesa de compra venta del edificio tiene fecha de 2022, pero que nunca se informó de esto. Agregó que un grupo de Control Interno Disciplinario del Copasst visitó el lugar y encontraron que está en una zona de tolerancia, consumo de drogas e inseguridad.

“Nosotros encontramos que es una zona de tolerancia, al lado queda un parque donde distribuyen droga, trabajadoras sexuales, hay explotación sexual infantil, la estación más cercana del Metro es Prado-Centro que se caracteriza por ser una de las más inseguras. Mandamos un oficio al Defensor del Pueblo y al Vicedefensor, advirtiendo esto y pensando que la sede apenas se iba a adquirir, pero nos enteramos de que ya estaba comprada”, señaló Mazo.

Frente a la adecuación, dotación y arreglos locativos, dijo que al parecer se tienen unas limitaciones que no permiten intervención alguna, motivo por el cual se hizo necesario extender el arrendamiento actual por unos meses más.

No obstante el pasado 26 de marzo se expidió la Resolución 31 de 2024 cuyo objetivo es una Invitación pública para “REALIZAR LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788 de 2023 SUSCRITO CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO”, con un presupuesto de $4.271.156.274 y con un plazo de ejecución del contrato de tres meses.

“No es que como funcionarios queramos esa sede, es que es el despilfarro, además cuando se pensó en adquirir había 80 funcionarios, ahora hay 120, es decir esa sede no va a tener la funcionalidad adecuada y vamos a estar hacinados porque son muchísimos más los funcionarios”, puntualizó el funcionario.

Sigue La W buscó respuesta en el Nivel Central de la Defensoría del Pueblo, donde se dijo que “El edificio dispuesto para la Sede Regional Antioquia se adquirió el año anterior, se hicieron las gestiones para formalizar el traspaso de la propiedad y actualmente está en curso el proceso de selección del contratista que realizará las adecuaciones para que los funcionarios y contratistas puedan pasarse a una sede digna y renovada”.