“Debo demandar”: exsecretario de Cancillería tras revocatoria de resoluciones

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, conversó con W Fin de Semana a propósito de la decisión de echar para atrás la adjudicación del contrato para la fabricación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, las cuales fueron firmadas por él cuando ocupaba el cargo en febrero pasado.

Es preciso recordar que esa adjudicación fue duramente cuestionada por el Gobierno Nacional, el cual la calificó como una “traición” a lo que había hecho meses antes el canciller Álvaro Leyva, al declarar desierta la licitación debido a presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria.

Tras conocerse esta decisión, Salazar se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) afirmando lo siguiente:

• “La falsa denuncia es un delito. El canciller encargado (Luis Gilberto Murillo) miente y burla la ley para atender los caprichos de su jefe. Nunca he estructurado o evaluado una licitación pública. Un comité técnico evalúa y recomienda adjudicar. El ministro ignora las normas de la contratación pública”.

Al respecto, Salazar mencionó en W Radio que, días atrás, el encargado de la dirección de la Agencia de Defensa del Estado anunció la formulación de denuncias penales en su contra “a raíz de la expedición de los actos administrativos que fueron fechados el pasado 26 de febrero y que fueron suscritos en mi condición de secretario general encargado de la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio”.

Salazar aseguró que estas denuncias en su contra “son temerarias y absolutamente falsas en todo sentido”.

Además, recordó que Martha Lucía Zamora, hoy exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recomendó conciliar con la firma Thomas Greg & Sons y adjudicar el contrato, pero que “eso determinó su salida (de la Agencia)”. También mencionó que Gustavo Gómez Aranguren aseguró que consultaría el caso con el Consejo de Estado y “eso determinó que fuera desnombrado con el pretexto de que tiene más de 70 años”.

Por eso, cuestionó que la decisión final fue “nombrar a un subalterno de Zamora (…) (quien) cambió los conceptos que había emitido institucionalmente su antigua jefe y formularme las denuncias. Mi pregunta es, ¿cómo quedan las instituciones frente a ese comportamiento?”.

En ese sentido, el exsecretario general advirtió que el concepto de Zamora era institucional, por lo que estos “no pueden ser cambiados según el vaivén de la persona que detenta la representación o el cargo, como en este caso (lo fue) un subalterno de Martha Lucía Zamora”.

En cuanto a su mensaje en X en el que hacía referencia a “atender los caprichos de su jefe”, Salazar sostuvo que, desde el comienzo, “se ha conocido que, de parte de la Presidencia de la República, se han presentado inquietudes en el sentido de que la resistencia de un postor no habilitaba la adjudicación del contrato, cuando la ley dice todo lo contrario”.

“Yo me limito estrictamente a lo técnico, en materia contractual, de un proceso licitatorio que se adelantó y que finalmente, con mis decisiones, culminó como debía terminar un proceso administrativo”, agregó.

En cuanto a las medidas legales que adoptará, Salazar expresó:

“Inicialmente, cuando fui retirado del cargo, manifesté que no tenía la voluntad ni el propósito de crear problemas o demandas de ninguna naturaleza. Pero me tienen tan asediado que debo demandar y reclamar por el daño reputacional que me han venido ocasionando cuando hice las cosas bien y actué en defensa de la Constitución y de la ley (…) he estado pensando en que debo recurrir a los tribunales judiciales, es hora de hacerlo y es una responsabilidad conmigo mismo”.

Por otro lado, ante los sectores que sostienen que Salazar “traicionó” al Gobierno Nacional, respondió: “El primer deber de todo funcionario público es ajustarse a la Constitución y a la ley, eso es lo que he hecho yo todo el tiempo (…) he sido leal en todo sentido con quienes debo serlo, que son la Constitución y la ley colombiana”.

Finalmente, sobre qué pasará una vez Thomas Greg no esté a cargo de la expedición de pasaportes a partir del próximo 2 de octubre, Salazar sostuvo:

“Se habían tomado todas las medidas durante la Cancillería del Álvaro Leyva para que no ocurriera un desabastecimiento de pasaportes, que es un servicio público que debe presentar prestarse de manera continuada, pero en este momento no sé realmente lo que está ocurriendo. Con tantas torpezas jurídicas y anuncios que están haciendo, no se sabe quiénes asesoran en estos temas conceptuales para saber las determinaciones que están tomando (…) ya no tengo el conocimiento en lo que está ocurriendo el Ministerio Público, fui sacado abruptamente y no me concedieron el tiempo para hacer la entrega del cargo”.