Presidencia ratifica que Programa de Sustitución de Santos abrió la puerta a corrupción
Desde el Gobierno aseguran que, aunque el PNIS “no fue pensado para que fuese un “antro de corrupción”, lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó, les abrió la puerta a ciertas formas de corrupción.
Juan Manuel Santos. Foto archivo: Álvaro Tavera/Colprensa
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, respondió a la orden del Consejo de Estado que pedía a la Presidencia responder un derecho de petición en el que los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, Rafael Pardo y Eduardo Díaz le pidieron al presidente Gustavo Petro retractarse después de haber calificado la política de sustitución de cultivos del gobierno Santos como un “antro de corrupción”.
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En su respuesta, Sarabia se remite a un comunicado de prensa publicado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos el pasado 10 de octubre de 2023 donde, “dicho documento presenta las fuentes de información, aclara y justifica de manera expresa el mensaje emitido por el señor presidente de la República, (…) en el desarrollo de la sesión del programa “Gobierno Escucha” llevada a cabo en Tumaco, Nariño”.
Así las cosas, desde el Gobierno insisten que el Programa Nacional Integral de Sustitución no ha cumplido con los objetivos inicial es y que “en su concepción tenía un buen fin, pero su estructuración original permitió que durante la fase de operación se presentaron actos contrarios al principio de legalidad y transparencia, que devinieron en actos de corrupción. Las reformas que anularon y desconocieron los acuerdos colectivos, priorizando los acuerdos individuales y el párrafo introducido en el texto del Teatro Colón que anuló la gradualidad, así como la falta de voluntad política para honrar los compromisos, durante el anterior gobierno, llevaron a las familias cultivadoras a persistir en los cultivos de coca para cocaína, combustible del conflicto armado interno”.
Además, en el comunicado de hace cinco meses indican que hubo debilidad institucional y “la falta de presencia del Estado en los territorios para atender casi 100.000 familias en forma individual; se delegó la función en unos operadores que aceptaron como condición contractual que podían ingresar al territorio. Esto no era cierto, y al no tener esa capacidad, terminaron subcontratando a otras entidades, que adolecían de músculo financiero y conocimiento en el territorio, lo que conllevó a un incremento en los costos de operación no contemplados en los subcontratos, obligando a los subcontratistas a elevar el precio de los insumos para obtener utilidades, por cuanto la utilidad ya había sido apropiada por el operador.
Así mismo, indican que, si bien es claro que el PNIS “no fue pensado para que fuese un “antro de corrupción”, lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó, les abrió la puerta a ciertas formas de corrupción”.
Por último, aseguraron que el Gobierno tomará las acciones y medidas para atender todas las irregularidades y la falta de ejecución en la Dirección de Cultivos Ilícitos.
