ONU concluye que Fiscalía habría “obstaculizado” a la JEP en caso de ‘Jesús Santrich’
En su informe, la experta designada por Naciones Unidas tras la solicitud del canciller Álvaro Leyva, pidió priorizar las investigaciones luego de las denuncias de la JEP y dar con los “responsables”.
Las Naciones Unidas, en su informe tras la solicitud del canciller Álvaro Leyva, concluyeron que la Fiscalía “habría obstaculizado” a la JEP en el caso que analizó la solicitud de extradición de alias ‘Jesús Santrich’, y que lo ocurrido con este caso, aseguran, afectó seriamente la confianza de distintos exguerrilleros en el acuerdo de paz.
Según lo concluido por la experta Antonia Urrejola, en el caso particular de Santrich, a diferencia de otros más de 70 expedientes donde la JEP ha tenido que definir extradiciones, no se compartió oportunamente información y distintas pruebas desde la Fiscalía, tratándose de un exjefe guerrillero que tuvo la condición de negociador del acuerdo.
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“...la falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP, la demora en responder y los demás hechos expuestos indican que existió una obstaculización del procedimiento de la JEP sobre la garantía de no extradición. Según la información recibida por la experta, la Sala de Revisión de la JEP ha resuelto 72 solicitudes de garantía de no extradición, a corte de noviembre de 2023, y en todos los demás casos, la Fiscalía compartió oportunamente la información requerida por la JEP para tramitar dichas solicitudes”, dijo Urrejola.
Aunque se le consultó directamente a la experta Antonia Urrejola si en dicho informe se establecía algún tipo de responsabilidad individual contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, esta respondió que el documento no asigna responsabilidades directas, asunto que quedará en manos de la Fiscalía.
Precisamente, la ONU le pidió al ente acusador priorizar las investigaciones relacionadas con ese caso, establecer responsabilidades de índole penal en un plazo razonable, contando con el apoyo de un grupo de expertos independientes que brinden asistencia técnica a ese órgano judicial. Lo anterior, teniendo en cuenta la denuncia instaurada por la JEP en 2023.
“La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año (...) El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes”, dijo Urrejola.
En el mismo sentido, Naciones Unidas responsabilizó también a la Fiscalía en el ámbito de la pérdida de confianza de los exguerrilleros y las estigmatizaciones a la jurisdicción. De acuerdo con Urrejola, mediante escándalos mediáticos que no terminaron en nada (poniendo como ejemplo los permisos concedidos a exjefes de la guerrilla para salir del país), se afectó la credibilidad de ese tribunal.
“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dijo la experta.
Adicionalmente, en el documento de 19 páginas revelado por la ONU, esta instancia sugirió que se cree una instancia “al más alto nivel” gubernamental que tenga las facultades para “liderar la implementación” del acuerdo de paz, asegurando la debida coordinación “interinstitucional”.