Dos años de impunidad de la masacre de Alto Remanso, Putumayo

El próximo 28 de marzo se cumplen dos años de la masacre de la vereda de Alto Remanso, en el municipio de Leguizamo, departamento de Putumayo, donde militares vestidos de negro irrumpieron en un bazar de dicha población, asesinando a 11 personas y dejando heridas a otras cinco.

Dicha acción militar se justificó, en su momento, con una supuesta operación que buscaba contrarrestar las actividades ilícitas del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos se iniciaron las investigaciones por parte de la Justicia Ordinaria y la Justicia Penal Militar.

Al cumplirse dos años de la masacre, la Fiscalía confirmó a Sigue La W que, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se radicó el 21 de mayo de 2023 la solicitud de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento en contra de 25 integrantes del Ejército Nacional.

Señaló el ente acusador que la imputación va dirigida a un coronel, un capitán, un teniente, 4 suboficiales y 18 soldados profesionales del Ejército Nacional.

Además, advirtió que en las investigaciones se encontró elementos de prueba suficientes para establecer que los uniformados serían responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.

Sin embargo, a mediados de julio de 2023 la defensa de los militares alegó que la jurisdicción para acusarlos es de la Justicia Penal Militar y actualmente el proceso está en un conflicto de competencias que debe dirimir la Corte Constitucional.

Entre tanto Rodolfo Pama, padre de un joven de 16 años y víctima mortal de la masacre, señaló en diálogo con Sigue La W que se han presentado otra serie de presuntas arbitrariedades como el que no permitirles que tengan acceso al expediente o al dictamen de Medicina Legal.

“A mí no me dicen nada, a la Fiscalía le he solicitado el dictamen de Medicina Legal, me han dicho que no (…) que podían acceder solo los abogados, pero ellos tampoco han podido a estos expedientes porque la Fiscalía no los ha acreditado como representantes de víctimas”, señaló Rodolfo.

Advirtió que la Fiscalía le manifestó que su hijo fue víctima de cuatro disparos, pero que, según ha conocido, en su cuerpo había muchos más y que, incluso, se habla de un posible tiro de gracia, razón por la cual pide que se le permita tener acceso a los expedientes e informes forenses del caso.

Por su parte, Daniela Rodríguez Novoa, abogada de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, indicó que son dos años de impunidad y que eso los motivó a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En noviembre de 2023 acudimos a una audiencia ante la ComisiónIDH, tanto por la masacre de Alto Remanso como por la situación de Derechos Humanos que atraviesa el Putumayo por el conflicto”, señaló la abogada.

Dentro de las peticiones que se elevó al organismo internacional está el poder tener acceso a la información de las investigaciones que tiene la Fiscalía para poder determinar la verdad de lo ocurrido el 28 de marzo de 2022.

Añadió que en la justicia ordinaria se ha movido por parte de la Fiscalía que ya tenía preparada la imputación de cargos; sin embargo, lamentó que se esté definiendo en la Corte Constitucional un conflicto de competencias cuando se sabe que los casos de violación a los derechos humanos deben ser asumidos por la justicia ordinaria.

De otra parte dijo que en la Procuraduría tampoco ha habido avances en las investigaciones, que a mediados de diciembre fue desestimada la investigación contra un brigadier general porque no se encontraba en el puesto de mando, mientras que por el resto de militares se adelantan las indagaciones.

“La dilación es algo que pernea la justicia en Colombia”, puntualizó frente a las demoras que se han tenido a lo largo de estos dos años de impunidad y el el que hay riesgo de fuga o no competencia de los presuntos implicados.

Todos los detalles a continuación: