Recibieron dinero a cambio de no vigilar obras donde murieron 21 personas en Cartagena
La Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad general por 19 años contra funcionarios adscritos a la Alcaldía de Cartagena tras colapso del edificio Portal Blas de Lezo II.
Caída del edificio Portal de Blas de Lezo II. Foto: Prensa Alcaldía de Cartagena(Thot)
Cartagena
Luis Cudris Pájaro, Ricardo Javier Castellar Pérez y Gilberto Marrugo Maldonado, funcionarios adscritos a la Alcaldía de Cartagena, fueron destituidos e inhabilitados por 19 años.
La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, sostuvo que Cudris Pájaro, Castellar Pérez y Marrugo Maldonado, recibieron dinero a cambio de no ejercer vigilancia y control en la construcción del edificio Portal Blas de Lezo II, donde murieron 21 personas tras el colapso de la infraestructura, hecho registrado el 27 de abril del año 2017.
“En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 19 años para ejercer funciones públicas a tres servidores que recibieron dinero a cambio de omitir la vigilancia y control de obras que se construían irregularmente en Cartagena, lo que se evidenció con la muerte de 21 personas al colapsar la edificación Portal Blas de Lezo II”, indicó la Procuraduría.
El Ministerio Público detalló que “la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento resaltó que las dádivas fueron entregadas en repetidas oportunidades entre 2013 a 2017 al profesional universitario, Luis Cudris Pájaro, y a los técnicos Ricardo Javier Castellar Pérez y Gilberto Marrugo Maldonado, adscritos a la Alcaldía de Cartagena”.
La Sala ratificó el fallo proferido en primera instancia, la sanción impuesta, el grave daño social de la conducta y la calificación de las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo, “contra la presente decisión no procede recurso alguno”.
Para la Procuraduría, los tres funcionarios cometieron los delitos de cohechos propios y urbanización ilegal, con ocasión del cargo o función, al pasar por alto irregularidades que pusieron al descubierto una práctica generalizada de urbanizar ilegalmente con la participación de servidores públicos.
El ente de control comprobó que por parte de los disciplinados hubo permisividad, tolerancia, facilidades y colaboración para que los constructores iniciaran o continuaran proyectos que no cumplían con los requisitos legales, mientras se incrementó forma simultánea e injustificada su patrimonio.
