La Fiscalía de Perú incautó documentos, teléfonos y equipos electrónicos durante el allanamiento que realizó este lunes 18 de marzo en la vivienda del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), como parte de la investigación de un presunto caso de corrupción, informaron fuentes oficiales.

“Hemos encontrado lo que es propio en una diligencia de este tipo”, declaró a periodistas el fiscal Luis Germaná, al término de una intervención que se prolongó durante casi 11 horas.

El fiscal detalló que la diligencia les permitió incautar documentos, teléfonos, computadoras personales y memorias electrónicas.

“No ha habido requerimiento de prisión preliminar”, aclaró antes de indicar que el exgobernante “colaboró” durante la presencia de las autoridades en su domicilio, en el acomodado distrito limeño de San Isidro.

Vizcarra declaró, por su parte, que quiere “apoyar en todo a la Fiscalía” y rechazó “categóricamente que sea parte de un hecho delictivo”.

“Hay que castigar a los corruptos”, enfatizó, antes de ratificar que ha renunciado formalmente al antejuicio político que le corresponde como exgobernante ante el Congreso y que el pasado 21 de febrero también informó a la Fiscalía su decisión de allanarse “a toda la investigación”.

Ante esa decisión, dijo, fue convocado por el Ministerio Público el pasado 8 de marzo para que firme un acta en la que autorizó para que le levanten el secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones.

El expresidente acotó que durante el allanamiento de este lunes sí sufrió la “incomodidad” de que las autoridades incautaran las computadoras portátiles de sus tres hijos, que viven con él.

“Se han llevado las computadoras de mis hijos, ante la oposición y molestia de ellos, (pero) yo les dije que tenemos que acatar”, comentó.

Horas antes, mientras se realizaba la intervención fiscal, Vizcarra aseguró en la red social X que fue él quien pidió a la Fiscalía que realizara las diligencias en su domicilio, pero el Ministerio Público respondió que el allanamiento era parte de la investigación de una presunta red corrupta durante su Gobierno.

La intervención fiscal

El equipo de fiscales allanó las viviendas de Vizcarra y del exministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo en los distritos de San Isidro y Surquillo, respectivamente, y en la provincia de Mariscal Nieto, en la región sureña de Moquegua.

El operativo fue autorizado por el juez supremo Juan Carlos Checkley ante la investigación de hechos “referidos a contrataciones (irregulares) que se habrían realizado” en el programa Provías Descentralizado (PVD), un organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según indicó el Ministerio Público.

Los fiscales investigan una presunta red criminal denominada ‘Los intocables del sur’ que, según su tesis, se originó en 2014 cuando Vizcarra fue presidente regional de Moquegua y se mantuvo desde que asumió la Presidencia en 2018.

Según los investigadores, el exmandatario supuestamente concertó para tomar el control de PVD, donde, durante 2019 y 2020, presuntamente se cometieron hechos ilícitos en tres proyectos por más de 200 millones de soles (54,2 millones de dólares).

Por este caso, el Poder Judicial dictó el pasado lunes 36 meses de prisión preventiva para Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, exfuncionarios de PVD, tras haber detenido el 30 de enero a cinco personas e intervenido en 14 inmuebles en Lima y 2 en Moquegua.

Medios locales publicaron en ese momento la declaración de un colaborador de la Justicia que afirmó que el exmandatario y su esposa están vinculados en la presunta red de entrega de sobornos.

El exjefe de Estado respondió que esa acusación es una “patraña” que busca perjudicarlo políticamente y dijo que confía en que “estas investigaciones van a llegar a la verdad”.