Colombia perderá un billón de pesos en tribunal de arbitramento internacional

En los próximos días, Colombia será notificada del resultado adverso de un tribunal de arbitramento internacional que traerá consigo la mayor condena monetaria de la historia.

Los contribuyentes colombianos tendrán que pagarle 300 millones de dólares –más de un billón de pesos– al ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda y a sus socios en el proyecto inmobiliario Meritage que empezó a construirse sobre unos terrenos con difícil historial en las afueras de Medellín.

Las tierras sobre las que se empezó a levantar el lujoso proyecto urbanístico Meritage pertenecieron a Iván López Vanegas, señalado miembro de La Oficina de Envigado.

Por esa razón, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio de las 55 valiosas hectáreas ubicadas cerca del peaje de la vía Las Palmas, en inmediaciones de Medellín.

Se trata del mismo terreno en el que Seda y sus socios habían empezado a construir un desarrollo habitacional de lujo.

Los enredos se han ido multiplicando porque el señor Iván López asegura que no vendió el lote por su propia voluntad, sino que fue presionado por La Oficina de Envigado para traspasarlo.

En los títulos de la propiedad –antes de llegar a manos del señor Seda– aparecen personas que no pueden acreditar recursos para ser dueños del terreno y un nombre conocido por las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Se trata del antiguo narcotraficante y paramilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias ‘Perra Loca’.

Por todas esas razones, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio, pero el señor Seda alegó que era un tenedor de buena fe, que había comprado el terreno sin conocer sus antecedentes y que la imposición de medidas cautelares y la extinción de dominio era una expropiación indirecta por vía judicial, además de una operación de extorsión.

La expropiación, por vía judicial, vulnera el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

Por esa razón y por supuestas presiones extorsivas, el señor Seda convocó un tribunal de arbitramento por 310 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés).

El centro funciona en Washington y ha oído los alegatos de las partes. Este pleito es también el escenario del enfrentamiento entre dos de las mayores –y más costosas– firmas de abogados de Estados Unidos. Una de ellas, Gibson Dunn LLP, representa al señor Seda y a sus socios, la otra GBS fue contratada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano.

El señor Seda argumenta que han perseguido su propiedad, pero no han aplicado el mismo rasero a terrenos vecinos que también estarían vinculados al mismo presunto narcotraficante.

El estado colombiano asegura que hay evidencias de que otro presunto miembro de la mafia está financiando el costoso tribunal de arbitramento contra Colombia.

Se trata de Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’.

En una interceptación telefónica, alias ‘Maracuyá’ fue grabado hablando de la financiación del costosísimo litigio. La interceptación empieza con la abogada Ruth García, hermana de alias ‘Maracuyá’, quien le advierte al interlocutor que suba la voz para que alguien que llama el familiar pueda oírlo:

• Qué hubo, Giovanni. Habla bien durito que aquí el familiar te va a escuchar por altavoz. Habla bien durito.
• Bueno señora, ¿ahí me escucha?

El familiar, quien según las autoridades es alias ‘Maracuyá’, primero habla de préstamos para defenderse, lo que aparentemente es la financiación del multimillonario pleito e incluye la expresión “si ganamos”. Por favor óiganla:

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) asegura que se encontró con grandes obstáculos por desinformación de Ana Catalina Noguera, la delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, que impidió conocer a tiempo la relación entre el inversionista estadounidense Ángel Seda y alias ‘Maracuyá’.

La esperanza de Colombia es demostrar que esta financiación del pleito es parte de una operación de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha imputado a Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’.

Colombia muy probablemente va a perder este laudo arbitral, cuyo expediente fue cerrado el 8 de marzo y el viernes pasado, 15 de marzo, el tribunal de arbitramento pidió el nombre del director de Agencia de Defensa Jurídica del Estado para incluirlo en las notificaciones. Eso indica la inminencia del fallo.

El viernes en la tarde el doctor John Camargo, director encargado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, envió una solicitud para que el tribunal le permita incluir evidencias antes del fallo. No parece que la petición tenga muchas posibilidades jurídicas porque el expediente ya está cerrado.

Entablar un recurso de apelación le costará a Colombia dos millones y medio de dólares más. Esa es la tarifa del tribunal por revisar el fallo que le puede costar a Colombia más de un billón de pesos.