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Contraloría dice que es inconveniente decreto del Gobierno para bajar tarifas de energía

El ente de control asegura que lo que el Gobierno pretende con ese proyecto de decreto ya está reglamentado. Por el contrario, la entidad le hizo un llamado a la administración nacional para que nombre los comisionados de la CREG.

Torre de energía imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Torre de energía imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Sirisak Boakaew

La Contraloría General consideró que son innecesarias e inoportunas las medidas que propone el proyecto de decreto del Ministerio de Minas que busca bajar tarifas de energía.

La razón de su alerta es que “los aspectos que pretende desarrollar como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación, ya se encuentran reglamentados e instituciones como la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM las vienen adelantando”.

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Incluso, señala que las decisiones ordenadas en el proyecto establecen plazos para comenzar su ejecución de entre tres y seis meses, lo que se puede interpretar como “procrastinación frente a decisiones que ya debieron estar adelantadas por parte del Gobierno Nacional”.

Entre tanto, hizo un llamado para que el Gobierno designen los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, para que puedan cumplir con sus funciones y competencias, como la posibilidad de expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro el año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula” vigente. Y que, como consecuencia de lo anterior, se agilice la planeación y se prioricen las conexiones a los proyectos de generación disponibles.

Y es que recordemos que de seis comisionados requeridos, solo se haya nombrado uno y un posible segundo comisionado no se haya podido posesionar por exceder la edad requerida por Función Pública.

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