CARF alerta que Gobierno podría incumplir la regla fiscal, ¿esto qué implica?

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció sobre el plan financiero que tiene este Gobierno para este año y aseguró que para que su programación fiscal cumpla con la regla fiscal deben reducir 10 billones de pesos de gastos y aumentar ese monto de ingresos.

Es decir, esta entidad alerta que hay mucho riesgo de incumplir con la regla fiscal porque están incorporando gastos que no son reales, como lo que se obtendrá por litigios.

Recordemos que esta entidad técnica le pone un “freno” a que el Gobierno se exceda en gastos para que las finanzas del país estén en equilibrio.

“Financiar gasto permanente o estructural con recursos temporales, de única vez, no es sostenible según la Regla Fiscal, debido a la inflexibilidad que caracteriza al gasto público: una vez se ejecuta en un período, es muy difícil o costoso desmontarlo en períodos subsiguientes”, dice el informe.

A ello agrega que, aunque el Gobierno afirmó con la publicación del Plan Financiero que con este se estaría dando cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024, “este escenario incluye ingresos temporales, no permanentes, o no estructurales, por cerca de 10 billones de pesos, provenientes de la estrategia de arbitramento de litigios”.

“En vista de que la Regla Fiscal exige excluir estos recursos, el déficit primario neto estructural sube a 0,8% del PIB, con lo cual no se estaría dando cumplimiento a la Regla Fiscal. Lo anterior porque los ingresos no estructurales no cuentan para el déficit estructural exigido por la Ley de la Regla Fiscal”, agregó.

De otro lado, esa entidad afirmó que el Gobierno Nacional cumplió con el déficit fiscal máximo trazado por la Ley de la Regla Fiscal para 2023 y resaltó el aumento del precio de la gasolina, que ayudó a las finanzas del país.

En diálogo con La W, la presidenta del comité, Astrid Martínez, aseguró que, entre otros temas, se han pronunciado sobre cómo, según la forma en la que está programado el plan financiero de este año, “se requeriría un recorte adicional de 10 billones de pesos por concepto del arbitramiento de litigios de la DIAN”.