La guerra de rumores contra las favoritas de la terna para la Fiscalía

Hace apenas dos semanas se daba por segura la elección de la doctora Amelia Pérez Parra como fiscal general de la Nación.

Había alcanzado 13 votos de manera consistente y se esperaba que el jueves pasado lograra los tres que le hacían falta para ser seleccionada dentro del muy complicado y caprichoso sistema de elección en la Corte Suprema de Justicia.

Ustedes ya saben lo que pasó.

Como sacados de un cubilete aparecieron unos viejos trinos descomedidos y groseros de su esposo, el exfiscal Gregorio Oviedo, (una persona de ilustre carrera judicial a quien se le fueron las luces twitteando). Como consecuencia de la antigua intemperancia twittera del doctor Oviedo en la última Sala Plena del jueves pasado la doctora Amelia pasó de 13 votos a 4. Su favoritismo se esfumó.

Algo que muchos consideramos una injusticia, pero es muy poco probable que la doctora Amelia recupere la fuerza perdida.

La erosión de su candidatura trajo consigo a otra favorita, la doctora Luz Adriana Camargo, exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien logró en la última sala plena 13 votos. Fuentes cercanas a la Corte me aseguran que esa misma noche del jueves, de manera informal, varios magistrados habían alcanzado un consenso para elegir a la doctora Camargo y terminar con el desgaste de esta elección no resuelta que bastante prestigio le está costando al más alto tribunal de la justicia ordinaria.

Sin embargo cuando apenas despuntaba la mañana del viernes empezaron a surgir, primero en pasquines de mala muerte y después en algunos medios incluso alguno de ellos serio, señalamientos no probados contra el esposo de la doctora Camargo.

Primero les quiero contar quién es el esposo. Se llama Germán Marroquín es un penalista muy reconocido, profesor universitario, magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El cuento es que fue socio en una firma de abogados de Gerardo Torres, conocido como Yayo, quien a su vez está casado con Mábel Parra antigua magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, señalado jefe del cartel de la toga.

La verdad es distinta:

1. El abogado Germán Marroquín, esposo de la aspirante a la Fiscalía Luz Adriana Camargo, no ha sido socio de Yayo.
2. Lo que si es cierto es que a mediados del año 2005 y hasta 2008, Gerardo Torres, o Yayo, le arrendó una parte de un apartamento en el Parque Central Bavaria para que pusiera su oficina de abogado. No llevaron ningún caso juntos, simplemente porque en esa época Yayo no litigaba.
3. Como les conté ese arrendamiento, que no sociedad, terminó en el año 2008. El escándalo del cartel de la toga vino a destaparse en 2017 –es decir nueve años después del arriendo del apartamento–, y los hechos investigados ocurrieron entre 2014 y 2016, por lo menos 6 años después de la renta del apartamento.
4. Como si fuera poco a Gerardo Torres, Yayo, le archivaron el proceso. El documento que ustedes pueden ver ya señala que la decisión es “Ordenar el archivo de las diligencias, como quiera que se ha concluido que en el ámbito de la tipicidad objetiva no es posible afirmar la existencia de alguna conducta punible atribuible a él”.

En resumen, Germán Marroquín, el esposo de Luz Adriana Camargo, ni fue socio de Yayo Torres, su relación de inquilino ocurrió 6 años antes de la operación criminal del Cartel de la Toga y además, de manera incontrovertible, Yayo fue absuelto por esos hechos.

Pulverizado ese señalamiento queda otro que ha encontrado nido en el pasquín de un truhan.

El relato, presentado como gravísimo, relata que el Ministerio Público de Guatemala investiga al hoy ministro de Defensa Iván Velásquez y a Luz Adriana Camargo porque cuando el primero de ellos dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llegaron a un acuerdo de cooperación judicial con el abogado de Odebrecht.

La sindicación la hace Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en estos términos:

“Emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el ex comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig Luz Adriana Camargo Garzón”

Lo que no cuentan los mensajeros sobre este asunto es quién es Rafael Curruchiche.

El Gobierno de Estados Unidos le incluyó en la lista Engel por considerarlo corrupto y obstructor de la justicia, entre otras cosas por su persecución a los miembros de la Cicig.

El documento del Departamento de Estado que ustedes pueden ver en la página de La W, dice textualmente:

“José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interrumpir casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y plantear acusaciones aparentemente espurias contra la FECI. fiscales, abogados privados y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

Ver enlace aquí: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2022/

Curruchiche también ha sido señalado como corrupto y arbitrario por la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas ONU, la Organización de Estados Americanos OEA y por Canadá. Hace apenas unos días reaccionó así ante las acusaciones en su contra:

“Mire hay un dicho muy popular en Guatemala que dice ‘vuelve la burra al trigo’ ¿verdad?. Yo creo que se aplica a esto porque es ya la narrativa falsa, hipócrita de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la ONU, de la OEA y ahora de Canadá”.

Este corrupto, internacionalmente reconocido, es el que hace los señalamientos contra la doctora Luz Adriana Camargo.

¿Entonces quién está detrás de la campaña para desacreditar a como de lugar a las integrantes de la terna que tienen hojas de vida intachables, que conocen la Fiscalía como funcionarias y que son independientes? Valga decir, ninguna de ellas es amiga del presidente Gustavo Petro.

La respuesta es elemental, mi querido Watson, son los que se benefician con la permanencia de Martha Mancera por la impunidad que les han garantizado ella y su antecesor Francisco Barbosa a importantes personajes de la vida nacional.