Consejo de Estado tumbó sanción de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández
“Se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló el Consejo de Estado.
Rodolfo Hernández. Foto: Prisa Media
El Consejo de Estado tumbó la sanción que la Procuraduría General de la Nación le impuso al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández.
En contexto
Hernández había sido inhabilitado por 8 meses tras golpear al concejal Jhon Jairo Claro. La sanción alega que incumplió con el deber de tratar con respeto y dignidad al cabildante.
Con la sanción emitida en 2019 por el ente de control Rodolfo Hernández fue multado con más de 37 mil dólares y suspendido de sus funciones.
En ese entonces, Rodolfo Hernández calificó el video del golpe al concejal como un montaje:
“Este fue un montaje de parte del concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado, pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empiezan a agredir a mi esposa (…). Pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón”, dijo en una entrevista.
Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, el Consejo de Estado tomó la decisión bajo el argumento del principio de favorabilidad con el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar del reciente fallo de la Corte Constitucional que otorga facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación con la revisión automática del Consejo de Estado, el alto tribunal determinó que la sanción contra el entonces alcalde Bucaramanga Rodolfo Hernández, se cae no por los argumentos de Hernández, sino por el control de convencionalidad en donde priman los tratados internacionales.
“De conformidad con la jurisprudencia citada, se puede concluir que al momento de resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular, se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, solo cuando la regulación interna alcance los estándares internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma nacional que regule la materia”, dice la decisión.
El fallo tumba la sanción impuesta por $95.662.760 en la Resolución No. 07836 del 25 de septiembre de 2020.
Hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado en 2023 le pidió a la Corte Constitucional aclarar el fallo que le otorgó las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, la Corte Constitucional señaló que toda la información estaba en la sentencia y que no había información que aclarar.
Por lo que el Consejo de Estado quedó en unificar jurisprudencia, luego de qué algunos de sus magistrados aplicaran el fallo de la Corte Constitucional, y otros magistrados ponentes decidieron tumbar la sanciones bajo el argumento de qué aplica es el control de convencionalistas y los tratados internacionales, más no el fallo del alto tribunal.
