Ordenan suspender acuerdos anticompetitivos en contratación de camionetas de la UNP
Expertos aseguran que la orden de la SIC es contraproducente debido a que las empresas podrían recusar a esta entidad, pues no se ha abierto un pliego de cargos en su contra.
UNP. Foto: Cortesía.
La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó unas medidas cautelares para que 10 empresas suspendan inmediatamente los acuerdos anticompetitivos en los procesos de contratación de los vehículos de la UNP.
Estas empresas participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados que adelantó la UNP entre 2017 y 2023.
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“Suspender inmediatamente cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la UNP para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados”, señala el comunicado de la entidad.
Asimismo, les pidió abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP y de retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
La SIC también ordenó “abstenerse de usar mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP”.
La entidad asegura que en medio de las investigaciones encontraron que los proponentes que participaron en esos procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales.
“En primer lugar, las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esto impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación”, advierte la SIC.
En segundo lugar, la Superindustria encontró que algunas empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de forzar a los miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de la conducta ilegal, por ejemplo, desactivando los vehículos blindados empleados para la prestación del servicio, con lo que se habría puesto en peligro la vida de las personas en situaciones de riesgo extraordinario o extremo.
No obstante, abogados expertos en competencia aseguran que la orden de la SIC es contraproducente debido a que las empresas podrían recusar a esta entidad, pues no se ha abierto un pliego de cargos en su contra.