Defensa de Cristina Fernández pidió absolver y corregir su sentencia de seis años

El abogado defensor de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) requirió este jueves 7 de marzo al tribunal de segunda instancia que la absuelva y corrija la sentencia “manifiestamente arbitraria” de primera instancia que la había condenado en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público.

“El caso es un supuesto paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa que en ningún Estado de derecho puede ser convalidado”, dijo el abogado Carlos Beraldi ante los jueces de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que sigue la denominada ‘causa Vialidad’.

Beraldi acusó al tribunal de incurrir “en gravísimas irregularidades desde el punto de vista del derecho procesal como del derecho sustantivo”, que se “violaron de una manera grosera garantías constitucionales” y calificó reiteradamente a la sentencia de “un acto de arbitrariedad monumental”.

“Requerimos del tribunal que corrija todos esos vicios y aplique el derecho vigente porque se trata de una sentencia manifiestamente arbitraria”, solicitó Beraldi en la tercera audiencia de las seis que fijó la Casación Federal, al término de las cuales estará en condiciones de pronunciarse sobre la primera condena en un caso de corrupción de Fernández.

El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a 6 años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita.

Antes de Beraldi, el fiscal ante Casación pidió agregar el delito de jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobierno de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de prisión.

En esta causa, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El abogado defensor, además de afirmar “el nivel de absurdo, arbitrariedad, mala fe”, con la que fue condenada, introdujo este jueves un dictamen del exjuez del Supremo y actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que aportó una opinión favorable a la expresidenta, y solicitó que se lo llame a declarar como testigo.

Fernández, de 70 años, perdió sus fueros el pasado 10 de diciembre, con su salida del Ejecutivo de Alberto Fernández (2019-2023), del que era vicepresidenta, y sólo puede ser detenida si la Cámara de Casación Penal y luego la Corte Suprema ratifican las condenas. No obstante, por su edad, podría sufrir detención domiciliaria.

Mientras, ella asegura ser blanco de un hostigamiento judicial y político atándose a la figura de ‘lawfare’ (guerra legal).