Varios funcionarios judiciales de Ecuador fueron detenidos por nexos con narcotráfico

Ocho jueces, un político y varios funcionarios judiciales de Ecuador fueron detenidos el pasado lunes 4 de marzo en medio de una purga para romper los lazos con el narcotráfico, que entregó finos licores, joyas y fajos de billetes a cambio de favores en los tribunales.

Casas y oficinas de varios magistrados, de un exdiputado y del actual titular y de una expresidenta de la Corte de Justicia allanadas en la provincia costera de Guayas (suroeste), señaló la Fiscalía en la red social X.

Doce personas han sido detenidas en el denominado caso Purga, que surgió de la gran indagación Metástasis, revelada en diciembre y descrita por la fiscal general Diana Salazar como la piedra angular de la “narcopolítica” en Ecuador, convertido en bastión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de estratégicas esferas del poder están acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos y servicios de prostitución.

Metástasis expuso los nexos entre el narco y diversas entidades del Estado, al revelar miles de conversaciones entre un capo asesinado en prisión y funcionarios judiciales.

Entre los indicios hallados este lunes en la vivienda del exlegislador Pablo Muentes, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), hay dos armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares y 505 euros, señaló la Fiscalía.

Salazar indicó que sobre los detenidos recaen sospechas de que “han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano”.

“Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia, debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas”, expresó por X el tradicional PSC (del expresidente León Febres Cordero, 1984-88).

El Consejo de la Judicatura (rector de la justicia) de Guayas señaló en un comunicado que brindará “facilidades para el avance de las investigaciones, sin descartar posibles acciones disciplinarias” contra sus funcionarios.

“Justicia secuestrada”

El caso Purga “le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento”, dijo Salazar en un video divulgado por el ente acusador, añadiendo que “continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado”.

“Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses”, expresó la fiscal, quien ha denunciado haber sido amenazada por mafiosos.

En diciembre, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, advirtió que la justicia ecuatoriana es considerada el “premio mayor” por narcotraficantes para conseguir impunidad.

Casos como Purga o Metástasis evidencian “que hemos estado con una justicia secuestrada al servicio de mafias, delincuentes y corruptos”, dijo a la AFP Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización civil.

De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, “la corrupción es rampante en Ecuador, con actores estatales implicados en el tráfico de drogas y de oro ilegal en los mercados criminales”.

Días antes de dejar el poder en noviembre, el gobierno del derechista Guillermo Lasso (2021-2023) divulgó una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, según la cual las bandas tienen “la capacidad de infiltrar y cooptar a los estamentos de seguridad y justicia”.

Combinación fatal

“Los narcodelincuentes, de una parte, y de otro lado la corrupción de cuello blanco (son) la combinación, los dos factores que están hundiendo al país”, sostuvo Rodas Chaves.

Ante una violenta arremetida en enero de bandas del narco con nexos con carteles de México y Colombia, el mandatario Daniel Noboa declaró a la nación en “conflicto armado interno” y tildó de “terroristas” y “beligerantes” a una veintena de organizaciones criminales.

Desde entonces, unas 65 toneladas de drogas han sido decomisadas en Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.

En agosto fue asesinado por sicarios el candidato presidencial Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que había destapado varios escándalos de corrupción que salpicó a altas autoridades gubernamentales.

Villavicencio había denunciado días antes que fue amenazado por Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país que en enero se fugó de una cárcel de Guayaquil (capital de Guayas) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El mafioso aún no ha sido recapturado.

“Este bandido #PabloMuentes fue uno de los 5 asambleístas que amenazó la vida de mi padre. Siempre quisimos que sea investigado. Ahora empieza la caída de estos delincuentes de cuello blanco”, señaló Amanda, una de las hijas de Villavicencio, el lunes por X.