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Juez ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo

Les adeudan a los maestros del departamento del Quindío 35.000 millones de pesos desde el año 2014.

Imagen de referencia de juez. Foto: Getty Images. / Laura Rosina

El juez Quinto Administrativo del Circuito de Armenia ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo, por el no pago de las deudas que desde 2014 se tienen con 109 maestros del departamento del Quindío a quienes se les adeuda 35.000 millones de pesos.

Igualmente, el juez advierte que la Nación a través del Fondo de Pensiones Públicas (Foped) del Ministerio del Trabajo, deberá pagar las acreencias pendientes con los docentes del departamento del Quindío desde hace 10 años.

Precisamente, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, envió un oficio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) en el que solicita un informe de reconocimiento y reliquidación de pensiones en el que de manera particular se atiendan los 109 casos de los profesores de esa región.

La ministra Ramírez también recordó en el documento que desde 2019, el Gobierno Nacional había solicitado un informe sobre el cumplimiento del fallo que originó la reclamación de los profesores del Quindío.

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Una vez, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, realice una revisión de cada uno de los casos y se confirme el monto total de la deuda, se harán los giros de los dineros.

El embargo

En la medida cautelar que impuso el juez Quinto Administrativo del Circuito de Armenia decretó el embargo a la Nación, a través del Ministerio de Trabajo por 12.825 millones de pesos, lo que representa solo una parte de la deuda con los docentes que en total es de 35.000 millones de pesos.

Sin embargo, el monto del dinero adeudado es preliminar, pues todavía no se han liquidado los intereses que se generaron a la deuda luego de 10 años de litigio.

El pleito se adelanta desde el 28 de noviembre de 2014, luego en 2017, por medio de una acción de tutela se emitió una decisión que solo en 2024, logró un fallo definitivo para el pago de las acreencias con los profesores de la región.

La medida cautelar que impuso el juez ordenó “decretar el embargo de los dineros de la nación - Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) tenga a cualquier título de contrato bancario en las siguientes entidades financieras: Davivienda, Bancolombia, BBVA, Av Villas, Banco de Bogotá, Colpatria, Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Helm, Bancompartir, Itaú, Banco Falabella, Bancoomeva, Banco Pichincha, Banco Allianz, Banco CSC, Banco WWB y Bancamía, limitándola en cuantía de $12.825.947.346″.