Orden de pago al presunto extorsionador de Álvaro Leyva vino de Casa de Nariño: Salazar

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, José Antonio Salazar, quien fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta hace unos días y en la práctica el funcionario más cercano al canciller suspendido Álvaro Leyva Durán, se pronunció sobre la operación relámpago en la que revocó decisiones de su jefe y amigo por 30 años para otorgar la licitación de los pasaportes a la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg and Sons, la empresa de los hermanos Bautista que lleva 18 años haciendo los pasaportes de Colombia.

En esta charla, el exsecretario también hizo referencia a la presunta extorsión al canciller Álvaro Leyva.

Cabe recordar que el funcionario supuestamente pagó 30 millones de pesos a una persona que lo extorsionaba. Primero, para entregarle pruebas contra Thomas Greg and Sons y después para no contar que él estaba comprando evidencia a un chantajista.

Al ser consultado sobre este asunto, Salazar aseguró que en este tema ha habido una imprecisión, ya que el tipo penal de la extorsión dice que esta se configura cuando se constriñe a otro a hacer una cosa con el propósito de obtener un beneficio. Por eso, considera que no hubo extorsión sino estafa en este caso.

“Si hubo una conducta delictiva, fue el tipo penal de estafa, no de extorsión”, aclaró el abogado Salazar.

Además, indicó que, en este caso, “el estafado fue el Estado colombiano”, ya que “el dinero salió del tesoro público, de ciertos gastos reservados”.

“Después de que Álvaro Leyva puso el tema en conocimiento de la Fiscalía, me hizo el comentario completo y detallado (…) sobre la estafa y me dijo que, cuando empezaron a solicitarle el dinero por la vía telefónica con los detalles que ya se conocen, él acudió a la Presidencia de la República. Ahí le dieron instrucción a una funcionaria, subdirectora de Inteligencia, para que diera la plata”, advirtió.

Así, Salazar reconoció que no sabe quién le dio la instrucción a esta funcionaria para entregar el dinero en cuestión: “Él (Leyva) procedió ajustándose completamente a lo que consideraba que debía ser y por eso acudió a esas instancias”.

“En la Presidencia le gestionaron el dinero con la Dirección Nacional de Inteligencia”, corroboró el exfuncionario.

Fiscalía responde a El Reporte Coronell

Es necesario recordar que la Fiscalía General de la Nación, a través de dos fuentes confidenciales, le confirmó a El Reporte Coronell que no es cierto que hubiera aprobado el pago al supuesto extorsionista, como lo afirmó Álvaro Leyva.

El pago de esos dineros (algunos dicen que son 30 millones y otros que 28) se hizo depositándole al posible extorsionista en una cuenta de Bancolombia y fue efectuado con dineros de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI y sin aprobación de un fiscal.

Esto es especialmente sensible porque la DNI depende directamente del presidente Gustavo Petro.

En la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sucesora del tristemente recordado DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), existe la tesis de que el pago se podía hacer y que quedará saneado con el control posterior que le corresponde únicamente al contralor delegado para Seguridad y Defensa. Otros piensan que, sin visto bueno previo de un fiscal, sería un pago ilegal.

Como sea, la decisión del presidente Gustavo Petro de relevar al director de la DNI, Manuel Alberto Casanova, pasa por este polémico pago.

El periodista Jorge Lesmes reveló en la revista Alternativa que por cuenta del pago de la supuesta extorsión a Álvaro Leyva también salieron el director de inteligencia y contrainteligencia, el subdirector de Operaciones y la secretaria privada de Casanova.