Inspección disciplinaria contra la Alcaldía de Medellín por contrato con la U. Nacional
La Procuraduría General de la Nación anunció la diligencia relacionada con un contrato firmado en 2023.
Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Foto: Procuraduría. facebook twitter
Barranquilla
Desde Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación confirmó que se realiza una inspección disciplinaria en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, en desarrollo de la investigación adelantada por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de un contrato suscrito en febrero de 2023 con la Universidad Nacional.
El contrato se suscribió por más de 9.000 millones de pesos para apoyar estrategias de comunicación de la ciudad.
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De acuerdo con el ente de control, en la diligencia participan funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, con el propósito de buscar, recolectar y preservar pruebas dentro del proceso disciplinario que se adelanta.
“El órgano de control investiga a la entonces secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía para la fecha en que ocurrieron los hechos, Mónica María Orrego López, así como al exjefe de esa misma dependencia, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario, Juan Carlos Gómez Henao”, señaló la Procuraduría.
Asimismo, se investiga si el contrato firmado fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la Alcaldía y el Concejo de la ciudad durante las elecciones del pasado 29 de octubre.
También se busca establecer si la entonces administración municipal habría desconocido las modalidades de selección previstas en la ley, al contratar de manera directa a la universidad mediante la firma de un convenio interadministrativo, la cual es una figura excepcional para la suscripción de compromisos de esa naturaleza.
Finalmente, el Ministerio Público detalló que, a través del proceso disciplinario, se busca establecer si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos, pues a noviembre pasado había tenido que suscribir 280 contratos de prestación de servicios para efectuar las actividades que le correspondían.