Inicia el proceso por irregularidades en torno al Mundial de 2006 de Alemania
El proceso gira en torno a una posible evasión de impuestos por parte de tres exfuncionarios de la Federación Alemana de Fútbol.
Federación Alemana de Fúrbol. Foto: ARNE DEDERT/dpa/usage worldwide/picture alliance via Getty Images) / picture alliance
Los expresidentes de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Wolfgang Niersbach y Theo Zwanziger y el exsecretario general Horst R. Schmidt afrontan a partir de este lunes 4 de marzo el proceso en torno a presuntas irregularidades en la concesión y la organización del Mundial de 2006.
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Formalmente se trata de un proceso sobre presunta evasión de impuestos y la fiscalía hace responsable a los tres acusados de haber declarado como gasto de funcionamiento el pago de 6,7 millones de euros a la FIFA en abril de 2005.
La DFB declaró en su momento que ese dinero era la contribución a la financiación de una ceremonia de apertura que a la postre no se realizó. Sin embargo, el dinero llegó, a través de la FIFA, al empresario francés Robert Louis-Dreyfus como pago de un crédito que este le había concedido tres años atrás a Franz Beckenbauer, presidente del Comité Organizador.
La fiscalía considera que el declarar el pago como gasto de funcionamiento los tres funcionarios redujeron considerablemente la carga fiscal de la DFB.
En torno al crédito de Louis-Dreyfus a Beckenbauer ha habido desde que se conocieron los hechos innumerables especulaciones sin que se haya podido llegar a una conclusión definitiva.
Se sabe que en mayo de 2002, a través de una cuenta de Beckenbauer, llegaron por diversos canales un total de 10 millones de francos suizos al controvertido funcionario catarí Mohamed Bin Haman.
Beckenbauer financió el pago con el préstamo de Louis-Dreyfus que sólo recibió su dinero tres años después pero no de Beckenbauer sino del Comité Organizador del Mundial 2006.
Esos flujos de dinero salieron a la luz en 2015 y en ese momento Beckenbauer aseguró que el pago de 10 millones de francos suizo a la FIFA había sido necesario para que en contraprestación la FIFA diera un aporte de 250 millones de francos a la organización del Mundial.
Sobre esa versión se han planteado diversas dudas que van desde el hecho de que no hay razón para que, Beckenbauer se encargara privadamente de organizar ese pago y terminando por el hecho de que el primer pago de la FIFA para la organización ya se había hecho cuando empezó el flujo de fondos que partió de la cuenta de Beckenbauer para llegar a Catar.
Una versión que se planteó en su momento era que ese dinero se había pagado como soborno a Bin Hamman que formaba parte de grupo de funcionarios que decidía sobre la sede del Mundial 2006.
Entre tanto, sin embargo, esa versión ha perdido fuerza y se ha empezado a apuntar a un negocio con derechos de televisión.
La asesora bancaria de Louis-Dreyfus dejó consignado en un memorando que el crédito a Beckenbauer se utilizó para comprar derechos de televisión del consorcio Leo Kirch que había quebrado en 2002.
Pese a la quiebra Kirch todavía tenía en esos momentos los derechos de transmisión del Mundial 2006. Estos pasaron luego a la Agencia Infront de la que eran socios Louis-Dreyfus y un saudí cercano a Bin Haman.
La Audiencia Provincial de Fráncfort quiso archivar el proceso en dos ocasiones, pero en dos ocasiones la decisión fue rechazada por una instancia superior.
La primera vez fue en 2018 cuando el tribunal llegó a la conclusión de que los 6,7 millones de euros habían sido pagados como honorarios a Beckenbauer como presidente del Comité Organizador. La Audiencia Territorial de Fráncfort rechazó el planteamiento.
Luego el proceso quedó congelado debido a que los tres funcionarios enfrentaban otro proceso en Suiza por estafa, debido a que habían ocultado la razón del pago a sus órganos de control. Este proceso, debido a una serie de tropiezos de la justicia suiza, se cerró en 2020 sin condenas.
La Audiencia Provincial de Fráncfort entonces quiso archivar el proceso de evasión fiscal por considerar que este aspecto también formaba parte del proceso suizo y argumentaba que nadie podía ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La Audiencia Territorial, en cambio, consideró que mientras un proceso se ocupaba de la acusación de estafa el otro enfrentaba un cargo de evasión fiscal y ordenó reabrir el caso.
