Corte pone ‘tatequieto’ a cobranza abusiva de aplicaciones de préstamos digitales
Si está recibiendo visitas de cobranza, por algún préstamo que recibió desde una aplicación digital, la Corte Constitucional se acaba de pronunciar.
Corte Constitucional / Foto: Colprensa
La Corte Constitucional le ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que realice el seguimiento correspondiente a las múltiples quejas en contra de las aplicaciones que ofrecen préstamos de dinero.
La decisión la tomó al estudiar una tutela que llegó al alto tribunal por el caso puntual de la app Lukiao S.A.S. una empresa de préstamos digitales, que, según el consumidor, ha incurrido en prácticas intimidatorias y difamatorias en sus procesos de cobranza.
El caso
Al retrasarse en los pagos de un préstamo obtenido por la app, este consumidor que interpuso la tutela, enfrentó acciones extremas de la empresa, como visitas de agentes en casa de sus padres, letreros en el piso de la entrada de su casa con mensajes alusivos al estado de la obligación, carteles con su foto y lo identificaban como deudor moroso en el barrio donde vive y en su lugar de trabajo, además de la difusión de esa información por redes sociales.
Para la Corte Constitucional estos hechos corresponden a la vulneración de los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data del actor, tras encontrar que Lukiao App hizo un uso ilegítimo de su derecho a cobrar las obligaciones mediante la implementación de estrategias amenazantes y difamatorias en contra del demandante.
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La Corte determinó que, si bien las entidades crediticias tienen el derecho a reclamar deudas, el ejercicio de este derecho está sujeto a límites que prohíben prácticas abusivas.
Así que con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, el alto tribunal le ordena a Lukiao App S.A.S. cesar inmediatamente dichas prácticas y adoptar medidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, reafirmando la responsabilidad de las plataformas de préstamos digitales de operar dentro de los marcos éticos y legales. Además, remite copias del proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue y actúe frente a posibles infracciones a los derechos del consumidor y violaciones al tratamiento de datos personales; y a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que revise las posibles implicaciones penales del caso.
Imagen: suministrada
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