Carles Puigdemont, el independentista catalán, es investigado por terrorismo en España
Esto por el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Carles Puigdemont. Foto: Thierry Monasse/Getty Images / Thierry Monasse
El Tribunal Supremo español anunció este jueves una investigación por presunto terrorismo contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien está en plena negociación de una ley de amnistía con el gobierno de Pedro Sánchez.
Lea también:
La Sala de lo Penal del Supremo acordó “abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar” al expresidente regional catalán y actualmente eurodiputado Carles Puigdemont “por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso ‘Tsunami Democràtic”, indicó el tribunal en una nota de prensa.
Tsunami Democràtic fue una plataforma que coordinó las protestas, que derivaron en cortes de carretera, el bloqueo del aeropuerto de Barcelona o destrozos en esa ciudad, que siguieron en 2019 a la condena a penas de cárcel para dirigentes independentistas por el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
El tribunal tomó esta decisión aceptando la petición de un magistrado de la Audiencia Nacional, una jurisdicción a cargo de casos de terrorismo, quien expuso “los indicios que a su juicio acreditan la participación” de Puigdemont y de otro investigado, Rubén Wagensberg, diputado en el Parlamento catalán, en los hechos atribuidos a la plataforma, señaló el texto.
El Supremo “no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a ‘Tsunami Democràtic’ se incardinan en el delito de terrorismo”, subrayó el tribunal, que cita como ejemplo el bloqueo al aeropuerto de Barcelona.
Críticas de Puigdemont
Puigdemont, instalado en Bélgica desde finales de 2017 para esquivar la justicia española, cargó contra la decisión.
“El mismo día en que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros, me imputan por terrorista”, señaló Puigdemont, en referencia a un artículo del diario digital El Confidencial, que publicó que el independentista recibió ese obsequio de una empresa que financiaba actos independentistas, entre ellos algunos de Tsunami Democràtic.
“Ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá”, ironizó Puigdemont en la red social X.
“Una vez más el Tribunal Supremo baja a la arena política tratando de interferir en la voluntad del legislador”, dijo en rueda de prensa en Barcelona Josep Rius, portavoz del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya), en referencia a la Ley de Amnistía que estudia el Parlamento.
La polémica amnistía
Precisamente la posibilidad de que Puigdemont fuera investigado por terrorismo fue una de las razones que llevó a Junts a impedir a finales de enero la aprobación en primera lectura en el Congreso de la Ley de Amnistía, alegando que esta no iba suficientemente lejos.
Junts quiere concretamente que la legislación garantice su aplicación a las personas acusadas de terrorismo, sin excepciones, o de traición, un delito por el que Puigdemont también podría ser investigado en otra causa.
En efecto, un juez de Barcelona sospecha que Puigdemont intentó en 2017 obtener el apoyo del Kremlin para una posible independencia de Cataluña.
El juez, en “la abundante documentación existente” en la causa, encontró “datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana”, según un documento judicial divulgado en enero.
El partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la formación de Puigdemont siguen negociando el texto de la ley, que debe ser presentado el 7 de marzo para ser debatido y nuevamente votado por los diputados.
La amnistía para los independentistas, una medida que causa mucha división en España, fue la exigencia de Junts para dar su indispensable apoyo para que Sánchez fuera reelegido por el Congreso en noviembre pasado.
El principal partido de oposición, el conservador Partido Popular, que acusa a Sánchez de “humillarse” ante los independentistas por ceder a sus demandas, ha organizado varias protestas multitudinarias contra la amnistía.
