Contraloría aún no ha encontrado evidencia de supuesta extorsión al canciller Álvaro Leyva

La Contraloría General de la República no encontró evidencia sobre la supuesta extorsión efectuada al suspendido canciller Álvaro Leyva ni del origen de los fondos con los que pagaron al chantajista.

Las labores de Policía Judicial efectuadas por la Contraloría General de la República determinaron que no salieron de las arcas del Ministerio de Relaciones Exteriores los 30 millones de pesos que supuestamente pagó el canciller Álvaro Leyva Durán a una persona que lo extorsionaba, primero, para entregarle pruebas contra Thomas Greg and Sons y después para no contar que él estaba comprando evidencia a un chantajista.

El Reporte Coronell obtuvo de manera exclusiva el informe de campo de los investigadores judiciales de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría General de la República.

Los funcionarios de Policía Judicial hablaron con el ordenador del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el secretario general José Antonio Salazar, el mismo que otorgó la millonaria licitación de los pasaportes a Thomas Greg and Sons hace menos de 48 horas.

De acuerdo con el informe: “el doctor Salazar recalca en la entrevista que no tiene conocimiento de los hechos y tampoco sabe si se realizaron pagos y mucho menos qué entidad los pudo haber hecho. Además, dijo que puede garantizar que en la Cancillería no se utilizaron recursos humanos ni financieros”.

A continuación, ustedes pueden ver el informe de policía judicial presentado al director de la Diari por los agentes que efectuaron las pesquisas.

La investigación de la Contraloría obedece a las declaraciones del suspendido canciller Álvaro Leyva, según las cuales depositó 30 millones de pesos en una cuenta bancaria del chantajista con cargo a gastos reservados.

Por ley los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.

De acuerdo con la ley de inteligencia, dichos gastos solo pueden ser aprobados por entidades que realicen esas actividades de inteligencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores no es una de ellas.

El doctor Álvaro Leyva dice en sus declaraciones que ante la extorsión “Inmediatamente di traslado de todo esto a la Fiscalía y al Gobierno y llega un momento en el que participa Inteligencia del Estado y comienzo yo, naturalmente, a desarrollar todo lo que me va insinuando la propia Fiscalía, con el ánimo de establecer quién era el que estaba haciendo este chantaje”.

Sin embargo, dos fuentes de la Fiscalía contactadas por El Reporte aseguran: primero, que en este tipo de procedimientos la Fiscalía no insinúa, sino que debe tomar el control total de la investigación; segundo, esas fuentes desmienten al canciller Leyva y aseguran que no es cierto que él consultara previamente con el ente investigador la realización del depósito al extorsionista sino que acudió a la Fiscalía cuando ya había efectuado el pago.

Y aquí el orden de los factores si altera el producto. Una cosa es pagar después de pedir permiso, es decir dentro de una investigación formal, y otra hacerlo y después contarle a la Fiscalía.

La afirmación de dichas fuentes contradice las versiones del canciller suspendido según las cuales “No ha habido un solo paso que yo haya podido dar sin el conocimiento de la Fiscalía y las autoridades nacionales correspondientes”.

Esta mañana, hace poco más de una hora, le pregunté al doctor Álvaro Leyva, por WhatsApp, si eso era cierto lo que dicen las fuentes de la Fiscalía y con cargo a qué gastos reservados se hizo el pago al extorsionista. Hasta ahora, el doctor Leyva no ha respondido el mensaje.

Cabe la posibilidad de que este dinero haya salido de la Dirección Nacional de Inteligencia o de la Policía Nacional, pero no con conocimiento previo de la Fiscalía de acuerdo con las fuentes consultadas.

Lo curioso es que Leyva afirma en sus declaraciones: “He sido un servidor del Estado, a las órdenes de mi superior. Sería ingenuo que no hubiera puesto esto en conocimiento de la Fiscalía. Se trató de una misión de Estado”.