Fiscal pide agravar a 12 años la pena a Cristina Fernández en juicio por corrupción
La expresidenta ya había sido condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para cargo público.
Un fiscal pidió agravar la pena a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un juicio por corrupción, por el que la también exvicepresidenta ya había sido condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para cargo público.
Durante la primera audiencia para revisar la condena que pesa sobre Fernández, que ella apeló, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió agregar una pena como jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobierno de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de prisión.
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El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a 6 años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita.
Para Villar, la pena de primera instancia “no refleja la gravedad del hecho, no es conforme al principio de culpabilidad e incentiva a los funcionarios a cometer delitos”.
En esta causa denominada ‘Vialidad’, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Villar también pidió que se condene como “organizadores” de la asociación ilícita a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y a Báez.
El fiscal solicitó que se condene por el delito de “administración fraudulenta” a De Vido; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina; y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.