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Autopistas del Caribe explica las razones que impidieron llegar a un cierre financiero

Desde Autopistas del Caribe se mantienen abiertos al diálogo evitar que el Gobierno siga adelante con la decisión de terminar anticipadamente con el contrato y evitar llegar a instancias de demandas.

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Imagen de referencia autopista en Colombia. Foto: Getty Images

Tras la decisión del Gobierno Nacional de terminar anticipadamente el contrato de la concesión Autopistas del Caribe, en La W, con Julio Sánchez Cristo, se pronunció el representante legal de dicha concesión, Ernesto Carvajal, quien aseguró que aunque se respeta la decisión, esto traerá serias implicaciones para el desarrollo del caribe colombiano.

En sus declaraciones, Carvajal indicó: “menos desarrollo para el Caribe colombiano, pierde el país entero, la reducción del empleo, hoy serían 800 empleos que se perderían directamente, más los 5.000 o 6.000 que de construcción; se pierden 100 kilómetros de carretera que dejaríamos de construir y conectar a Cartagena y Barranquilla en donde calzada; se pierde gestión social, el impulso o iniciativas productivas que estamos apoyando hoy en día desde la concesión; todo el apoyo ambiental que hacemos en los 253 kilómetros origen destinos que hoy operamos y se pierde la operación y mantenimiento de estos 253 kilómetros origen destino. Que lamentablemente toda esta infraestructura retornaría al Invías en caso de que se dé la terminación anticipada como lo han anunciado en las últimas horas”.

En cuanto a no lograr el cierre financiero, que fue el argumento que usó el Gobierno para dar por finalizado el contrato de concesión, el representante legal de Autopistas del Caribe no negó la situación y más bien explicó los graves impactos que generaron las constantes manifestaciones en la vía en contra de los peajes para recaudo, cosa que a la final fue el punto de partida para afectar las finanzas de la concesión.

“Esto es un proyecto de iniciativa privada, que lo que quiere decir es que lo estructura un privado, no obstante, es importante que quede claro que es un contrato firmado por dos partes, una del Estado en este caso de la Agencia Nacional de infraestructuras y otro el privado; esto es importante, los contratos son acuerdos de voluntades y así se firmó el contrato y con lo de iniciativa privada lo que quiero decir es que no hay aportes de recursos del Estado a la estructura financiera soportada en recaudo de peajes y de ahí nace la problemática”, dijo.

Agregó “hay unos grupos minoritarios porque hay que hacer énfasis en eso, en la región en donde su única bandera es que los peajes desaparezcan y sorpresa ya lo había dicho yo en el año 2022, ya lo afirmó recientemente el ministro, pues los peajes no desaparecen; entonces esa bandera lo único es que le hace un daño enorme a la región Caribe y a todo el país, porque los peajes no van a desaparecer y entonces cuando uno le hace daño al recaudo de peajes, pues está haciéndole daño a toda la estructura financiera de un proyecto que está soportado en el recaudo de peajes”.

Así mismo, se expuso que la situación con el peaje de Turbaco, el cual, durante meses, lleva sin generar un recaudo apropiado, la no implementación de la estructura tarifaria correcta desde octubre de 2021, más la no implementación del peaje Arroyo de Piedra, fueron los tres riesgos que llevaron a que la concesión no alcanzará un cierre financiero.

En cuanto a si la terminación anticipada del contrato se debió a presiones políticas como algunas fuentes lo han sugerido a W Radio, la concesión negó tener conocimiento de estas, reiterando que, hasta donde han podido, han cumplido con todas sus obligaciones contractuales incluyendo: diseños de ingeniería, licencias ambientales, consultas previas, arqueología preventiva, gestión predial, gestión ambiental, gestión social, entre otros.

Los tres accionistas principales de Autopistas del Caribe que son KMA Construcciones (familia Amin), Grupo Ortiz y H Macera, han empezado evaluar los acciones a seguir tras el anuncio realizado por el Gobierno, explicando que hay tres fórmulas para llegar a una terminación concertada, pero que sin duda alguna de no ser posible se continuaría con una demanda al Estado, eso sí dejando claro que la concesión se encuentra abierta al diálogo para seguir estudiando las soluciones que se han planteado al Gobierno para salvar el importante proyecto.

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