La JEP verificará las medidas de seguridad para firmantes de paz desde Huila
La Jurisdicción llevará a cabo una audiencia de seguimiento a tales directrices debido a que, desde la firma del Acuerdo, al menos 415 excombatientes de las antiguas Farc han sido asesinados. En Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima ha habido al menos 97 casos.
JEP | Foto: Colprensa
Este lunes, 26 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sesionará en Pitalito, Huila, donde verificará las medidas cautelares que decretó en 2020 para proteger la vida de quienes firmaron el acuerdo de paz de 2016.
La Jurisdicción llevará a cabo una audiencia de seguimiento a tales directrices debido a que, desde la firma del Acuerdo, al menos 415 excombatientes de las antiguas Farc han sido asesinados. En Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima ha habido al menos 97 casos.
Es decir, según el sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes de la JEP, en esos cuatro departamentos se ha presentado el 23% de los ataques que exintegrantes de las Farc han recibido entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024.
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De ellos, 38 homicidios se han reportado en Caquetá, quince se han registrado en Huila, 35 ocurrieron en Putumayo y nueve, en Tolima. La Sección ha determinado, a partir de ese panorama, que “persiste una evidente situación de riesgo para los firmantes”.
La Jurisdicción ha apuntado que la problemática de riesgos y ataques a quienes se encuentran en proceso de reincorporación “no ha sido completamente atendida por las autoridades”, por lo que incluso las familias de exguerrilleros están en peligro.
Ya el 21 de febrero la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, había remarcado el anuncio, cuando expresó que de la audiencia “saldrá la correspondiente información que nos permita identificar logros y retos”.
“Los riesgos y los daños que sufran los comparecientes en su proceso de reincorporación repercuten en el cumplimiento del Acuerdo”, señaló la togada, que es parte de la Sección de la JEP que desde julio de 2020 le ordenó al Estado proteger a las y los firmantes.
El 12 de febrero, la JEP comunicó la programación de la audiencia luego de rechazar el asesinato de Eywar Yamid Morad, de 38 años. Era un indígena Nasa firmante de paz que se estaba reincorporando en San Antonio de los Monos, en Caldono, Cauca.
“Eywar Yamid era líder de la guardia indígena del Resguardo de Pueblo Nuevo y tenía un proyecto productivo colectivo de aguacate hass, así lo informó la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)”, resaltó la Jurisdicción en su cuenta de X.
A la diligencia judicial asistirán representantes de la Corte Constitucional; el alto comisionado para la paz, Otty Patiño; el vicefiscal general interino, Hernando Toro Parra; generales del Ejército, y la directora de la ARN, Alejandra Miller Restrepo.
También están citados representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, así como cuatro gobernadores, seis alcaldes y Personerías de cinco municipios de las zonas más afectadas por los asesinatos.
