Judicial

Corte Constitucional insiste en revisar tutela del exjugador de Millonarios, Jorge Perlaza

El magistrado José Fernando Reyes insistió en la Corte Constitucional para que seleccione la tutela del exjugador Perlaza y se pronuncie sobre la estabilidad laboral de los futbolistas que se lesionan.

Jorge Perlaza, exfutbolista de Millonarios FC. Foto:

Jorge Perlaza, exfutbolista de Millonarios FC. Foto: / Colprensa

El magistrado, José Fernando Reyes, insistió para que la Corte Constitucional seleccione para su estudio una tutela por el caso del despido del exjugador de millonarios Jorge Isaacs Perlaza, la cual fue presentada por el club deportivo Millonarios.

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La petición se da luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de Perlaza, con la solicitud de una cuantiosa indemnización debido a que, al parecer, fue despedido del club cuando se encontraba lesionado de “luxo fractura de peroné con ruptura de ligamento del tobillo”.

Debido a su lesión se sometió a un proceso de recuperación y reacondicionamiento físico y estuvo vinculado hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la cual se cumplió el plazo establecido en el último contrato firmado. Por lo que el exjugador del club presentó una demanda laboral donde reclamó su derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Ahora, para el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, por tratarse de un asunto novedoso en donde se abriría un debate sobre la estabilidad laboral de los futbolistas que padecen alguna lesión, esta tutela debería ser estudiada.

Teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en uno de los apartes del fallo que le dio la razón al exjugador y consideró que el futbolista: “estaba lejos de poder desempeñar con normalidad la función de futbolista dentro de un campeonato que exige la plenitud física y mental, es decir, sí tenía una discapacidad relevante que ameritaba la protección”.

Pero también dejó de presente que al momento del despido el jugador debe contar con las condiciones necesarias para continuar con su carrera profesional: “(i) es desproporcionada, (ii) desconoce la normatividad vigente, y (iii) omite las pruebas aportadas al proceso”.

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