Análisis: ¿qué sigue tras suspensión de actividades del Alto Comisionado ONU en Venezuela?

Este jueves 15 de febrero, el Gobierno venezolano, de la mano del canciller Yvan Gil, anunció la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas.

“Se han desviado de su mandato”, afirmó el canciller venezolano, agregando que “el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es combatir los efectos de las sanciones” y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.

Pero la medida va más allá: el Gobierno de Nicolás Maduro le dio 72 horas para abandonar el país a los 13 funcionarios que se encuentran a cargo de esta oficina,

“(...) razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Gil.

Asimismo, informó que el Gobierno Venezolano se tomará 30 días para revisar los convenios de cooperación con la oficina del Alto Comisionado aunque aclaró que mantendrán los acuerdos con la oficina en Ginebra.

A juicio de Gil, la oficina del Alto Comisionado en Caracas, se ha convertido “en el bufete particular de grupos golpistas” y también los señaló de “falsear hechos y precalificar situaciones” sobre el país.

Venezuela firmó acuerdos de cooperación con esta instancia de la ONU en 2019 durante la visita de la entonces alta comisionada, Michelle Bachelet. El acuerdo contemplaba la instalación de esta oficina para apoyo técnico, luego, el Gobierno venezolano reafirmó, el año pasado, dicho documento tras la visita del actual Comisionado, Volker Türk.

A raíz del caso de la detención de la defensora de DD.HH. y experta en temas militares, Rocío San Miguel, y de las denuncias por su incomunicación durante seis días, la oficina de Türk se pronunció en la red social X.

“Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, se lee en la cuenta del alto comisionado, una reacción que generó molestia en el Gobierno venezolano.

A eso se le suma la reciente declaración del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, tras su visita de 15 días al país yen las que advirtió que debido a problemas de distribución de los alimentos, merma del poder adquisitivo de la población, así como el impacto de las sanciones hay problemas de hambre y desnutrición en el país así como expresó su preocupación por el futuro de Venezuela, el dijo “esta en riesgo”.

También advirtió que el programa gubernamental denominado Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Gobierno venezolano se convirtió en un sistema de “clientelismo social y limosna caritativa”.

Reacciones

Distintas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de oposición han rechazado esta decisión del Gobierno de Maduro.

La ONG Provea, una de las más reconocidas del país, señaló que la medida “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH.” que ocurren en Venezuela.

Mientras que la ONG defiende Venezuela explica al menos cinco consecuencias de esta medida:

La ausencia de asistencia técnica en DD.HH. para el Estado; limitaciones en la protección de los DD.HH. de los venezolanos; impacto negativo en la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de DD.HH.; limitaciones en el acceso a los relatores de la ONU y la limitación en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Las ONGs también han señalado que la detención de Rocío San Miguel y de su círculo familiar sumado a la discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y ahora está decisión de suspender las actividades técnicas de la oficina del Alto Comisionado dificultan el panorama de DD.HH. en el país en un año electoral.

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