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CIDH pide a la Corte Suprema que cumpla “con su deber” y elija nueva fiscal general

Además el órgano interamericano pidió al gobierno nacional garantizar las condiciones para que dicha elección se produzca sin “presiones”.

Sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Foto: (Colprensa-Mariano Vimos)

Sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Foto: (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el proceso de elección de fiscal general en Colombia, y solicito a la Corte Suprema de Justicia “cumplir con su deber” y elegir a la mayor “brevedad posible”.

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“La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible (...) la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano” afirmaron.

Para los Comisionados el papel sumamente importante de la Fiscalía no puede dejarse prolongadamente en la interinidad.

La Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía” afirmó la CIDH.

Además, rechazaron las presiones que ha sufrido el máximo tribunal de la justicia ordinaria durante este trámite de votaciones y pidieron al gobierno nacional garantizar las condiciones para una elección tranquila y sin “interferencias”.

“Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones”, señaló la Comisión.

Finalmente, el órgano internacional señaló que toma nota del compromiso expresado por el ejecutivo, de brindar todas las garantías a los magistrados.

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