Jueza peruana reprograma audiencia contra Fujimori sobre caso de las matanzas de 1992
Este lunes estaba programada una audiencia por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.
Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori. Foto: AFP PHOTO/JAIME RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP) (Photo by JAIME RAZURI/AFP via Getty Images) / JAIME RAZURI
La jueza peruana Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, reprogramó este lunes la audiencia del juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del caso de la matanza de Pativilca al 22 de febrero, debido a un problema de organización de la Fiscalía.
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Este lunes estaba programada una audiencia en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en el marco del juicio oral contra Fujimori y otros acusados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.
Pero a los pocos minutos de su inicio, la fiscal indicó que tenía otra audiencia simultánea, a lo que la jueza anunció la reprogramación de la misma para el 22 de febrero a las 11:00 hora local (16:00 GMT).
La Fiscalía ha pedido que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.
Al ser consultado en una anterior audiencia por la jueza, Fujimori anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que el 30 de enero, se analizó una petición de la Fiscalía para que se le imponga 18 meses de arresto domiciliario, que la Justicia rechazó.
“El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado requerimiento fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria de Alberto Fujimori”, informó el Poder Judicial, que, sin embargo, le dictó impedimento de salida del país por nueve meses.
Fujimori, de 85 años, dejó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski.
En el marco de este caso, el 31 de enero, el exasesor presidencial Montesinos, quien fue el “hombre fuerte” del gobierno de Fujimori, fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, ambas cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La jueza Cano precisó que esta condena se considera “compurgada” (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la “autoría mediata” (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.
Mientras que los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la “conclusión anticipada” por lo cual seguirán siendo enjuiciados, Montesinos también deberá pagar, de manera solidaria, 500.000 soles (131.000 dólares) a favor de cada uno de los herederos legales del caso Pativilca y de 50.000 soles en el caso La Cantuta.
Al inicio de la sesión se informó que el abogado de Fujimori, Elio Riera, presentó un documento que solicita que la Fiscalía precise por qué ha incluido en la acusación el concepto de lesa humanidad “sin presentar el desarrollo fáctico que lo justifique”.
La fiscal respondió que en esta etapa del proceso “no se da ningún debate” sobre los términos de la acusación y que si hay “algún término o aspecto que pudiera variar el tema punitivo, existen otros mecanismos procesales, como la revisión” posterior.