Rama judicial exige garantías para que no haya presión por elección de fiscal general

La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra, se pronunció en horas de la tarde luego de anunciar que en la sala plena del 8 de febrero ninguna de las ternadas para fiscal consiguió los 16 votos mínimos que se requieren para el cargo, pidiendo garantías para que el alto tribunal no sea presionado, amenazado ni hostigado.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, señaló Chaverra.

También señaló que, aunque la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación, en esta oportunidad no está de acuerdo con el bloqueo, que tildó de “violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”.

De igual manera enfatizó en que es “inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”.

El presidente de la Corte Suprema también dijo que la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.

“En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, resaltó.

Finalmente, la Corte le exigió al Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de la corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas.

Por su parte, la Corte Constitucional se pronunció a través de un video en el que pidió que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia: “los jueces requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos”, señaló la magistrada Diana Fajardo.

Las demás cortes, como el Consejo Superior de la Judicatura, rechazó de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema, en medio de la elección de la próxima fiscal general de la Nación.

Así mismo, el Ministerio Público, en cabeza de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, le exigió a la fuerza pública y al general de la Policía Nacional, William Salamanca, actuar de manera contundente para garantizar no solo la vida de los funcionarios de la rama, sino, además, la institucionalidad del país.

El Consejo de Estado, por su parte, dijo que está preocupado por el bloqueo que mantuvo confinado a los servidores judiciales, empleados y contratistas al interior del Palacio de Justicia.

Por último, la Comisión de Disciplina Judicial también se pronunció y rechazó los actos y manifestaciones de violencia: “así como cualquier clase de presión y bloqueo en contra de las instituciones del Estado y de los poderes públicos, en particular de la Rama Judicial y los miembros que la conforman”.