Procuraduría pide imputar a militares por torturas a víctimas de falsos positivos en Huila

La W conoció, por medio de fuentes en la JEP, el escrito que la Procuraduría delegada entregó a ese tribunal transicional tras la imputación a 35 militares por falsos positivos en el Huila, y en el cual, se solicitó que se imputen cargos por torturas y malos tratos a víctimas de esos crímenes, como ocurrió con el caso del sobreviviente Aladino Ríos (quien fue herido en 2007 cuando lo iban a matar y presentar como guerrillero).

De acuerdo con el ministerio público, en casos como ese se presentaron tratos inhumanos en los que las víctimas fueron amarradas de manos y pies, obligaron a Ríos a llamar a la familia a pedir plata porque supuestamente se iba a unir a las Farc y hasta discutieron en presencia de Ríos y la otra víctima, quien del contingente de soldados los iba a matar.

“...de manera intencionada, se amarra de pies y manos a los dos señores por horas, se les conduce amarrados al lugar de su ejecución, se le pide al señor Aladino que llame a su familia por dinero, se les hace escuchar quien haría su respectiva ejecución y se le dispara al señor Aladino como represalia por sobrevivir a los disparos iniciales (en el hombro) y escapar” indicó el ministerio público.

Por otra parte, la Procuraduría, también cuestionó que se señalara a los excomandantes de la Novena Brigada, tres de los cinco generales imputados, como autores de la práctica criminal desplegada por varios batallones en el Huila y las AFEUR (Agrupación de Fuerzas Especiales). Para el ministerio público no hay evidencia de ello.

“Si bien el desarrollo del Auto de imputación se refiere a la coautoría, decide calificar a cada uno de los comandantes de brigada como autores. Esta elección presupone que ellos desarrollaron los verbos rectores de matar a persona protegida y desaparecer personas de manera forzada. Sin embargo, el material probatorio demuestra que esto no fue así” afirmó la Procuraduría.

Asimismo, se mencionaron falencias en la imputación, como lo ocurrido con el subteniente Julián Andrés Calderón Motta, excomandante de una de las agrupaciones de soldados del Batallón Magdalena, a quien se le calificó como máximo responsable por su participación en seis casos de falsos positivos y solo participó en uno.

También, se pidió y propuso a la magistratura reformar el tercer patrón criminal descubierto, calificándolo desde la Procuraduría como: “homicidios y desapariciones forzadas cometidos en operaciones desarrolladas contra personas reportadas como integrantes de delincuencia común o milicias”.