Denuncian irregularidades en reclasificación de cargos en la Gobernación de Risaralda
El Decreto fue firmado el 22 de diciembre de 2023 y, según la denuncia, no cumple con los requisitos técnicos y fiscales y buscaría beneficiar a unos pocos profesionales.
Foto: Decreto de reclasificación Gobernación de Risaralda
Pereira
El 22 de diciembre de 2023, la Gobernación de Risaralda de ese momento, firmó el Decreto 1537 con el cual se realizó la reclasificación salarial de empleos públicos dentro de la planta de cargos del departamento, ajustándolos a sus requisitos mínimos de formación académica y experiencia.
Dicha reclasificación, hace parte de un proceso normal de ajuste salarial a diferentes cargos; sin embargo, el proceso no cumplió con todos los requisitos de estudios técnicos ni de igualdad para todos los profesionales, pues se encontró que, pese a cumplir con lo establecido legalmente, muchos empleados se quedaron por fuera de la reclasificación.
Chrystian Hernandez, abogado que está llevando los casos de varias personas que decidieron poner una reclamación, indicó que el decreto no cumple con requerimientos de soporte técnico, impacto fiscal y no sigue los criterios de carrera administrativa.
Chrystian Hernández - Abogado encargado de la reclamación
Precisó que esta reclasificación se aplicó de manera irregular en gran parte de las secretarías y direcciones de la Gobernación, contando con el aval del exgobernador Víctor Manuel Tamayo, la secretaria jurídica, Olga Beatriz Ruiz y el director de presupuesto, Álvaro Fernando Miranda.
Chrystian Hernández - Abogado encargado de la reclamación
El abogado mencionó que, incluso, para poder sacar adelante ese Decreto y dejar en firme la reclasificación, no se hizo a través de un director o directora de talento humano en propiedad, sino que se delegó una encargada para la revisión y firma del documento.
Chrystian Hernández - Abogado encargado de la reclamación
Por el momento, varios de los profesionales que se vieron afectados con el proceso, presentaron una reclamación a la administración departamental y de no obtener una respuesta positiva, iniciarán procesos legales por medio de demandas que podrían acarrear sanciones económicas y disciplinarias para los funcionarios relacionados.