Una vieja denuncia archivada por la Fiscalía llama la atención de Estados Unidos

Un viejo pleito que involucra a un cuestionado empresario colombiano y a varios ciudadanos estadounidenses llama hoy la atención de autoridades de los dos países.

El protagonista se llama Jaime Alberto Rincón Prado y su nombre empezó a sonar hace unos años como accionista de la empresa de televisión por suscripción llamada Cablecentro.

Años después, y siempre bajo la sombra de la polémica, Jaime Alberto Rincón reapareció como representante legal de Medimás, una compañía que recogió los restos de Saludcoop y en la cual participó uno de los socios de Carlos Gustavo Palacino, hoy condenado expresidente de Saludcoop.

Ahora el señor Jaime Alberto Rincón Prado –comunicador social de profesión– es el rector, y en la práctica dueño de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).

¿Pero qué hace que el nombre de un polémico cablero, convertido en empresario de la salud y ahora rector universitario esté sobre el escritorio de miembros del alto gobierno tanto en Colombia como en Estados Unidos?

La razón es una denuncia contra él interpuesta por un colombiano y ciudadanos estadounidenses que lo señalan de haberlos estafado, falsificado documentos e incurrido en fraudes procesales.

Los denunciantes aseguran que en 2005 hicieron un acuerdo con el señor Rincón para venderle por 2 millones de dólares una empresa llamada S3 Wireless pero que él no les pagó y se quedó con las acciones a través de traspasos usando empresas en Panamá.

La misma compañía panameña de esa polémica operación fue usada para hacerse al control de Medimás.

A pesar de que la denuncia contra el señor Rincón fue entablada desde el año 2008, ha rodado por las manos de al menos 12 fiscales, fue archivada y luego desarchivada. Varios de esos fiscales anunciaron por escrito que imputarían pero jamás lo hicieron.

El caso que tiene como presuntas víctimas a varios ciudadanos colombianos y estadounidenses provocó el envío de varias comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Colombia a la Fiscalía General de la Nación.

Tres de esas cartas, reclamando por el lento y tortuoso proceso fueron despachadas por la Embajada de Estados Unidos al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en los años 2017 y 2018. Una más reciente, en 2020, fue enviada a la actual vicefiscal Martha Mancera.

El nombre del señor Jaime Alberto Rincón, y de su universidad la CUN, también han sido mencionados por un polémico proceso que involucra la presunta pérdida de 56.000 millones de pesos del departamento de Córdoba durante la administración del condenado gobernador Alejandro Lyons.

“16 años, 12 fiscales y nada pasó en la Fiscalía”

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, se pronunció en El Reporte Coronell sobre al accidentado proceso que involucra tanto a colombianos como estadounidenses y que ha llamado la atención del Gobierno colombiano.

“Este caso está relacionado con otro de impunidad, debido al rol de la Fiscalía en las investigaciones en este caso contra Jaime Alberto Rincón Prado, pero que como se mencionó desde el 2008 estaba denunciado por delitos de estafa agravada, concurso homogéneo con fraude procesal y falsedad de documentos públicos y privados al haber traspasado, al parecer, de manera fraudulenta de la empresa S3 Wireless”, detalló.

Explicó que este caso llegó a la Secretaría de Transparencia debido a que transcurrieron 16 años, pero además pasó por las manos de 12 fiscales.

“Es una clara dilatación del proceso, con cambios repentinos, pero que se dieron curiosamente cuando los fiscales del caso pedían audiencias de imputación, la misma que incluso delegados de la Defensoría y Procuraduría pedían por considerar que existían pruebas suficientes para procesar a Rincón”, dijo Idárraga.

De igual forma, mencionó que, de acuerdo con las víctimas del proceso, cuando los fiscales lograban la audiencia para la imputación, el acusado no se presentaba y tenían que esperar a que volviera a desarrollarse el proceso.

“Esos 12 fiscales, el último que termina archivando el proceso y pese a los llamados de la Defensoría y Procuraduría en el marco del proceso, simplemente la Fiscalía no atendió el caso ni mucho menos con los llamados de atención de la Embajada de Estados Unidos a la vicefiscal Martha Mancera”, puntualizó.